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Ley de Hidrocarburos permitirá expropiaciones arbitrarias y acarreará inconformidades: Romero Hicks

Ley de Hidrocarburos permitirá expropiaciones arbitrarias y acarreará inconformidades: Romero Hicks

Nación domingo 11 de abril de 2021 - 13:15

Por Claudia Bolaños

La reforma a Ley de Hidrocarburos, propuesta del Titular del Ejecutivo Federal, pretende pasar por encima del Estado de Derecho al afectar la inversión en el país, y al igual que sucedió con la reforma eléctrica, traerá inconformidades y amparos, consideró el coordinador del GPPAN, Juan Carlos Romero Hicks.

Buscando combatir al comercio ilegal de combustibles, se esconde la verdadera intención de la expropiación directa en este sector con los cambios planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo.

Advirtió que la iniciativa de ley establece que la Secretaría de Energía, o la Comisión Reguladora de Energía, podrán revocar “a discrecionalidad” los permisos de los particulares para la comercialización de hidrocarburos.

La Ley de Hidrocarburos, sometida a la Cámara de Diputados el pasado 23 de marzo, está programada para su discusión en breve.

Romero Hicks alertó que una seria amenaza con claras intenciones de decretar expropiaciones en materia energética, es la propuesta al artículo 59 bis que dice que “la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Además indica que “la autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del Permisionario, Para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros. Al efecto, podrá utilizar al personal que el Permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador o una combinación de los anteriores”.

Al igual que la hoy suspendida Ley de la Industria Eléctrica, por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acarreará inconformidades legales de los ciudadanos afectados ante las instancias judiciales.

Lo anterior, además de constituir una imposición de Petróleos Mexicanos como un monopolio en México, enfatizó Romero Hicks.

“En momentos como el actual, donde se requiere de la inversión para crear empleos y reactivar la economía el presidente López Obrador y su grupo mayoritario atentan contra los principios de legalidad, seguridad jurídica, y competencia económica”, precisó.

“Los diputados del Partido Acción Nacional estamos a favor de las buenas prácticas en la venta, cantidad, calidad, legalidad, transparencia y distribución de los hidrocarburos, apoyamos que se castiguen los abusos contra los consumidores, pero no vamos a acompañar la falsa oferta de combatir la corrupción con simulaciones que francamente afectan a las familias mexicanas y al sector productivo nacional”, dijo.

Solamente basta con una autoridad que haga cumplir con las disposiciones que están en las leyes mexicanas aplicables a la cantidad, calidad y medición de los hidrocarburos y petrolíferos para que se reduzca el riesgo de daño a las finanzas públicas de nuestro país.

El dirigente parlamentario dijo que, a partir de esa fecha, la mayoría de Morena se apresuró a convocar a una Mesa de Discusión con expertos que no sirvió para la reflexión ni mucho menos para enriquecer el texto original, siguiendo la orden dictada por el otro poder de la Nación, para que, sin moverle una coma y de manera diligente se apresten a aprobarla sin más ante el Pleno.

El líder panista en San Lázaro añadió que la reforma altera la competencia y libre concurrencia de acuerdo con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Constitución. Pretende, amañadamente, acabar con la competencia para favorecer a PEMEX en los casos que arbitrariamente alegue el gobierno un supuesto peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Es decir, se convierten en juez y parte.

Debido a la falta de infraestructura y capacidad de almacenamiento de petrolíferos en el país por culpa directa de este gobierno, pone en grave riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuenten con la capacidad de almacenamiento, puesto que se les podrán revocar sus permisos, ya que tienen totalmente detenidos nuevos permisos de almacenamiento.

“La verdad sea dicha, esta propuesta del presidente López Obrador tiene una concepción distorsionada e incurre en el error de ideologizar el papel de las empresas del Estado Mexicano como PEMEX, colocándolas por encima del interés de los mexicanos con la calidad de monopolios, cuyo mantenimiento nos costará muchos impuestos a esta y las siguientes generaciones de mexicanos".


Imagen: Especial

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FT/CR

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