Lía Limón denuncia a Layda Sansores por irregularidades en Álvaro Obregón

“Estamos presentando estas siete denuncias por irregularidades que dan un monto total de casi 120 millones de pesos”, declaró la alcaldesa en una breve conferencia de prensa ofrecida afuera de la fiscalía capitalina.

Frente a las oficinas de la FGJ-CDMX, afirmó que los hechos están relacionados con tres programas sociales, por recursos no contabilizados 70.8 millones de pesos, tres contratos de adquisiciones y servicios por 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil por 8.2 millones de pesos.

Entre ellos se encuentra el programa Mercomuna, creado en 2020, con el fin de apoyar la economía de las familias afectadas por la pandemia y comercios locales. En este se otorgaban vales de entre 500 y mil pesos para adquirir artículos en comercios afiliados y tenía un presupuesto de 31 millones de pesos.

“No hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la ley”, acusó Limón.

Además, la mandataria sostuvo que se encontraron beneficiarios que recibieron vales en dos o tres ocasiones, cuando las reglas de operación estipulaban que solo se permitía una vez.

Asimsimo, aseguró que entre esta lista se incluyeron nombres de personas fallecidas y funcionarios de la alcaldía, mientras que afirmó que “no existe” el padrón de supuestos comercios beneficiarios. Igualmente, se encontraron nombres de servidores públicos como supuestos titulares de comercios que recibieron dinero a cambio de vales.

De igual forma, Limón detalló que se ubicó un contrato de servicio de difusión por casi 3.4 millones de pesos a favor de Juan Manuel Herrera Real, vocero actual de la gobernadora de Campeche, sin que haya evidencias de entregables.

“Se presume que fue un contrato simulado”, aseveró.

A esto se suman contratos de adquisiciones de 5 mil 658 calentadores solares por 31.2 millones de pesos y de mil 78 calentadores de paso por 5.4 millones de pesos. Sin embargo, no se puede comprobar que estos sean los recibidos en almacén porque la factura no tiene las especificaciones necesarias, apuntó.

Añadió que la entrega “no se hizo a los beneficiarios finales, sino a los coordinadores ciudadanos, por lo que no se tienen certeza del destino final”.

Además, hay un convenio por 8.2 millones de pesos con una asociación civil para ejecutar el proyecto Alcaldía Inteligente, para instalar puntos wifi en edificios públicos de la demarcación, así como digitalizar las bibliotecas públicas.

Sin embargo, Limón sostuvo que estas adecuaciones no se realizaron ni se formalizó el convenio de donación para la entrega de equipo y software, por lo que el gasto no está justificado.

Sobre el programa de Promoción del autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria, que ofrecía cursos y talleres, indicó que tuvo un presupuesto de 12 millones de pesos.

Sin embargo, no hay evidencia de los 240 mil servicios programados para los tres años, señaló, al tiempo que recalcó que en 2020 y 2021, los espacios se encontraban cerrados por la pandemia de Covid-19.

“El pago a promotores del autocuidado no tiene ninguna lógica, cuando no había donde ejecutar ese tipo de actividades”, declaró.

A su vez, el programa de Promotores del desarrollo social tuvo un presupuesto de 27.6 millones de pesos en los tres años. La alcaldesa sostiene que no se alcanzaron los usuarios finales, mientras que los padrones tienen irregularidades por falta de pólizas y comprobantes de pago.

Además, se encontraron cheques cobrados donde el RFC demuestra que eran servidores de la alcaldía, mientras que las pólizas de cheques están incompletas. A esto se añade que se pagaron servicios prestados, antes de que el programa fuera debidamente autorizado.

Finalmente, Lía Limón afirmó que la entonces secretaria de finanzas cobró los recursos para los programas sociales, ya que hay cheques no comprobados por hasta dos millones y medio de pesos a su nombre o endosados por ella a otros funcionarios.