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Magistradas mexicanas exponen en Estados Unidos preocupaciones sobre reforma judicial

Magistradas mexicanas exponen en Estados Unidos preocupaciones sobre reforma judicial

Nación martes 10 de septiembre de 2024 -


Magistradas del Poder Judicial Federal de México realizaron una serie de reuniones en Nueva York y Washington D.C. con abogados, organizaciones no gubernamentales y autoridades de Estados Unidos, para discutir las posibles implicaciones negativas de la reforma judicial que se está impulsando en México. Las jornadas fueron encabezadas por las magistradas Monserrat Cid Cabello y María Emilia Molina, quienes representaron a la Asociación Nacional de Magistrados y Juzgadores de México, en colaboración con organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Fundación Konrad Adenauer.

En estos encuentros, las magistradas subrayaron que, si bien el sistema judicial mexicano necesita ajustes estructurales, la reforma que se debate actualmente en el Senado presenta más riesgos que soluciones. Según las magistradas, "el sistema de justicia en México requiere cambios, pero la propuesta actual podría poner en peligro principios fundamentales como la independencia judicial y el equilibrio de poderes."

Las reuniones incluyeron mesas de trabajo en la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York, donde estuvo presente la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y magistrados. Allí, se destacó la preocupación internacional sobre el posible retroceso que podría causar la reforma. Cid Cabello comentó que "hubo un gran interés en entender las consecuencias de esta reforma y las posibles acciones que se podrían tomar."

Además, se llevaron a cabo reuniones con estudiantes de la escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington D.C., así como con organizaciones no gubernamentales como Open Society y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estos espacios, las magistradas buscaron crear conciencia sobre los impactos que esta reforma podría tener no solo en el ámbito local, sino también a nivel internacional.

Durante las conversaciones, Emilia Molina recordó que México ha firmado diversos tratados internacionales sobre derechos humanos y, como tal, está obligado a cumplir con ciertos compromisos. “Estamos en un mundo globalizado donde no es posible aislarse de las comunidades internacionales. México es parte de esos tratados y debe acatarlos,” puntualizó Molina.

Uno de los principales puntos de alarma es el posible impacto de la reforma en el acceso a un juicio justo y con operadores judiciales independientes. Las magistradas argumentaron que cualquier reforma debe avanzar en la protección de los derechos humanos, no retroceder, de acuerdo con el “principio de progresividad”.

En caso de que la reforma sea aprobada, las magistradas anunciaron que los juzgadores federales recurrirán a los sistemas de protección de derechos humanos en los que México está inscrito, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, así como el Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU. Ya han solicitado la emisión de medidas cautelares bajo el artículo 41 del Pacto de San José, un tratado internacional de derechos humanos del que México forma parte.

Si la reforma sigue adelante, las magistradas advirtieron que podrían presentar demandas ante tribunales internacionales por violaciones a principios como la independencia judicial y la inamovilidad de jueces. Estos procesos podrían llevar a México a enfrentar juicios y sanciones en cortes internacionales, un escenario que ya ha ocurrido en otros casos.

Otra preocupación es el impacto de la reforma en los acuerdos comerciales internacionales de México, como el T-MEC. Las magistradas han señalado que los socios comerciales de México, especialmente Estados Unidos y Canadá, podrían tomar acciones si consideran que los cambios judiciales afectan la seguridad jurídica necesaria para sus inversiones. Además, subrayaron que la reforma podría poner en riesgo la inversión que Estados Unidos ha hecho en México en la capacitación de jueces en el sistema penal acusatorio y de justicia laboral.

Finalmente, las magistradas concluyeron que, aunque es posible que las instancias internacionales ordenen a México revertir la reforma, lo complejo será garantizar su cumplimiento, ya que no existen mecanismos claros para forzar al país a obedecer estos fallos. “Tanto la ONU como la CIDH pueden emitir sentencias, pero la cuestión es quién las hará cumplir,” subrayaron.

Foto por Cuarto Oscuro

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MM/CR

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