Manifestantes, principalmente jóvenes, se congregaron el pasado 4 y 5 de julio en el Parque México, ubicado en la colonia Hipódromo–Condesa, para visibilizar el impacto de la gentrificación, con consignas como “gentrificación no es progreso, es despojo” y “fuera gringos”. Su exigencia central fue frenar el aumento desmedido de rentas y la expulsión de familias locales.
La protesta, que inició como un llamado ciudadano por una vivienda digna, se trasladó por calles como Sonora, Ámsterdam y el Paseo de la Reforma, en momentos en los que encapuchados realizaron grafitis, lanzaron piedras y saquearon negocios, incluidas cadenas de comida estadounidense, lo que generó daño a mobiliario urbano y comercio local.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la jefa de Gobierno Clara Brugada, condenó los actos violentos, el vandalismo y los mensajes xenófobos, subrayando que el derecho a la protesta debe ejercerse de forma pacífica y sin agresiones a terceros. Anunció además el diseño de un protocolo para atender movilizaciones futuras y reiteró su oposición al desplazamiento que genera la gentrificación.
En paralelo, la administración capitalina destacó medidas concretas para mitigar la pérdida de arraigo de residentes originales: construcción de vivienda social en zonas afectadas, créditos accesibles para mejoras y renta, e impulso de inmuebles asequibles para jóvenes y familias trabajadoras.
Expertos y organizaciones vecinales advierten que colonias emblemáticas como Roma y Condesa han visto desplazarse a miles de habitantes de clase media y trabajadora en los últimos 15 años, debido a alzas de más del 60 % en rentas y la llegada de inmuebles para “nómadas digitales” y nuevos residentes con mayor poder adquisitivo.
Los manifestantes demandan ahora regulaciones en plataformas de renta, topes a precios inmobiliarios y una planeación urbana con enfoque social que priorice el derecho a la vivienda. Este movimiento marca un punto de inflexión en la agenda urbana, desplazando el debate del ámbito técnico a las calles y presionando por soluciones estructurales.
La primera gran marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México exhibió la urgencia de políticas integrales que combatan el encarecimiento de la vivienda y protejan a los residentes originarios. El desafío ahora es construir marcos normativos, mecanismos regulatorios y espacios de diálogo que detengan el desplazamiento y garanticen una ciudad más equitativa.