Medidas antiCovid se discuten ante jueces

La Corte Suprema de Brasil rechazó este martes la petición presentada por el presidente Jair Bolsonaro de impedir que los Gobiernos regionales y municipales impongan medidas restrictivas para intentar frenar el avance del coronavirus en momentos en que el país vive el peor momento de la pandemia.

El magistrado Marco Aurelio Mello, el decano entre los once miembros del Supremo Tribunal Federal, negó en una medida cautelar que las decisiones adoptadas por los Gobiernos regionales o municipales sean inconstitucionales y, por lo mismo, rechazó suspenderlas.

Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña, alega que las medidas restrictivas como los confinamientos y los toques de queda, por provocar desempleo y hambre, tienen peores efectos que la propia pandemia.

La Presidencia de la República presentó el pasado viernes un recurso ante el Supremo pidiendo que se declararan inconstitucionales las medidas adoptadas por las Gobernaciones para intentar restringir la circulación de personas.

La decisión del magistrado mantuvo en vigor decretos que, entre otros asuntos, impusieron toques de queda nocturnos y prohibieron provisionalmente el funcionamiento de todas las actividades, con excepción de las esenciales.

Pese a que la petición se refería concretamente a decretos para promover el distanciamiento social anunciados pocos días antes por los gobernadores de Río Grande do Sul, Bahía y Brasilia, el recurso, en caso de que la máxima corte lo hubiera aceptado, se habría extendido a todas las medidas de Gobiernos regionales y municipales para restringir la movilidad e intentar frenar la pandemia.

Ante la falta de una medida nacional y de una orientación de la Presidencia, la mayoría de los gobernadores y alcaldes del país han anunciado en los últimos días medidas para intentar restringir la movilidad en momentos en que Brasil se acerca a las 300.000 muertes por covid y supera los 12 millones de contagios.

Por su parte, en España el Tribunal Supremo rechazó la petición de Vox de abrir la Comunidad de Madrid durante Semana Santa. El partido mostró desde el principio su desacuerdo y, la semana pasada, solicitó la suspensión cautelar del cierre perimetral decretado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los términos aprobados por el Consejo Interterritorial para todas las comunidades —salvo Canarias y Baleares— con el fin de prohibir desplazamientos en el puente de San José, del 18 al 21 de marzo, y en las posteriores fechas festivas, desde el 26 de marzo al 9 de abril.

La portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, anunció el pasado miércoles en su cuenta de Twitter el recurso contencioso-administrativo presentado ante el alto tribunal contra el decreto del Ejecutivo madrileño.

“España no puede detenerse”, esgrimía Monasterio. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó al día siguiente la suspensión cautelar solicitada y dio plazo al Gobierno de Ayuso y al Abogado del Estado para presentar sus alegaciones. El Ejecutivo, ahora en manos del PP, fue claro: abrir Madrid es inviable por razones de prudencia.

Vox basó su petición en los “perjuicios irreversibles” que provocaría la medida al cerrar las fronteras en las fechas señaladas. Pero el abogado del Estado señaló que no se concretan tales daños y el Tribunal Supremo ha declarado que son “los preceptos de ese Decreto [el del cierre perimetral] los que deben considerarse a los efectos de determinar qué intereses hace valer. No son otros que los de la protección de los derechos a la vida y a la salud de todos y del propio Sistema Nacional de Salud”.