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México, entre los 5 peores países en política de drogas
Nación
Claudia Bolaños
La edición inaugural del Índice Global de Políticas sobre Drogas (Global Drug Policy Index), puso a México entre los 5 peores países en su atención.
México ocupa el lugar 26 de 30 países analizados y está reprobado en todas las áreas de política de drogas recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): ausencia de respuestas extremas, proporcionalidad y justicia penal, reducción de daños y acceso a medicamentos.
Ante ello, México Unido Contra la delincuencia (MUCD) consideró que
los resultados del Índice para México muestran que sigue prevaleciendo el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas.
Y lamentó que con una puntuación general de 36, se encuentra por debajo de Tailandia, Uganda y Nepal, así como de países latinoamericanos como Colombia, Argentina y Costa Rica. Sólo se encuentra en mejor posición que Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil.
“Nuestro país está reprobado en todas las áreas de política de drogas: ausencia de respuestas extremas (lugar 47), proporcionalidad y justicia penal (32), reducción de daños (36) y acceso a medicamentos (26)”, indicó la asociación civil.
Publicado este lunes por el Consorcio para la Reducción de Daños, el índice realizado por una coalición global de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en colaboración con el mundo académico, revela que las políticas en materia de drogas de la mayoría de los países no cumplen con las recomendaciones más básicas del sistema de la ONU, por lo que hace un llamamiento a los gobiernos para que den prioridad a la ejecución de reformas.
El índice expone que en México prevalece la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el curso de las actividades antidrogas, así como la participación de las fuerzas militares en estas tareas.
También señala que se encuentra muy extendida la práctica de reclusión forzada en centros de tratamiento y que las leyes actuales han sido ineficaces para desviar a las personas que consumen drogas fuera del sistema de justicia penal.
En gran medida, la aplicación de la política estatal de drogas resulta en el encarcelamiento de personas usuarias de sustancias psicoactivas, debido a su criminalización y estigmatización.
Además, indica que las violaciones a los derechos humanos son “rutinarias” y permanecen impunes, las personas supuestamente sospechosas de haber cometidos delitos relacionados con drogas son frecuentemente sometidas a tortura y detenciones arbitrarias.
Añade que la aplicación de la política de drogas tiene un impacto desproporcionado en determinados grupos étnicos, personas de bajo nivel socioeconómico y en las mujeres.
Por otra parte, el financiamiento para la reducción de daños es incipiente y, en general, la disponibilidad de estos servicios es casi nula. En México, la oferta de tratamientos de sustitución de opioides de libre acceso no es una prioridad y como resultado los programas existentes están dirigidos a la abstinencia. Y no contamos con intervenciones de salud pública que tomen en cuenta las necesidades reales de la población usuaria.
Y, aunque existe una legislación nacional sobre el acceso a medicamentos controlados y la obligación del gobierno de tomar las disposiciones adecuadas para garantizar su disponibilidad, las disparidades dificultan su acceso para el alivio y el tratamiento del dolor. Estas inequidades se afianzan debido a la situación socioeconómica, la etnia y el género de las personas.
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MF/CR
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