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México registra avances históricos en seguridad alimentaria

México registra avances históricos en seguridad alimentaria

Tendencias lunes 14 de septiembre de 2026 -

Jaime Arturo Ruiz | @jaimeruizmx
jaime@primermovimiento.com

- La reducción de la inseguridad alimentaria abre una nueva discusión sobre el papel de productores, empresas proveedoras y cadenas logísticas

México registra avances significativos en materia de seguridad alimentaria. De acuerdo con los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la proporción de población que enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave pasó de 24.9% en el periodo 2014-2016 a 16.5% entre 2023 y 2025. Esto representa una reducción de 8.6 millones de personas en aproximadamente una década.

El dato representa uno de los principales avances recientes del país en materia de acceso a los alimentos, aunque también plantea nuevos desafíos para las instituciones y para todos los actores que intervienen en las cadenas de producción, adquisición, almacenamiento, transporte y distribución.

En este contexto, Comercializadora Family Duck considera que la mejora de los indicadores debe acompañarse de una discusión sobre la eficiencia y transparencia de las cadenas de suministro, particularmente cuando participan empresas proveedoras en programas públicos de alimentación.


“Los avances en seguridad alimentaria son resultado de una política pública encabezada por el Estado y de una cadena en la que participan productores, instituciones, trabajadores, transportistas y empresas proveedoras. En este contexto, nuestra responsabilidad es contribuir desde el cumplimiento, la capacidad logística y la transparencia para que los alimentos lleguen a quienes los necesitan”, señaló la compañía.


Un avance que todavía enfrenta desafíos

Los datos de la FAO muestran una evolución favorable, pero no significan que el problema esté resuelto. El organismo señala que México mantiene brechas sociales y territoriales que dificultan el acceso de millones de personas a una alimentación saludable.

De hecho, la FAO reportó que la prevalencia de subalimentación —indicador asociado directamente con el hambre— se ubicó en 3.1% durante el periodo 2023-2025, equivalente a alrededor de 4.1 millones de personas. Al mismo tiempo, persisten desigualdades relacionadas con el acceso al agua, financiamiento, tecnología, asistencia técnica y mercados.

El escenario coloca a las cadenas de suministro en una posición estratégica. No basta con producir alimentos: también es necesario garantizar que puedan adquirirse, almacenarse, transportarse y distribuirse de manera eficiente para que lleguen oportunamente a las poblaciones que los requieren.

La propia FAO ha planteado para México una agenda orientada a construir sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. En septiembre de 2026, el Gobierno de México y el organismo internacional firmaron un Marco de Programación de País para el periodo 2026-2031, con una cartera programática cercana a 140 millones de dólares.

Transparencia y fiscalización, parte de la cadena

La participación de empresas privadas en programas públicos de alimentación implica obligaciones relacionadas con el cumplimiento contractual, la documentación de operaciones y la supervisión institucional.

En este sentido, la fiscalización representa un mecanismo para determinar si los recursos y servicios fueron utilizados conforme a las disposiciones aplicables. La Auditoría Superior de la Federación explica que los resultados de sus auditorías pueden derivar en acciones para corregir errores, recuperar recursos, promover responsabilidades administrativas o, cuando existen elementos suficientes, presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. También pueden concluir con la constatación del cumplimiento de las obligaciones revisadas.



En el caso de Comercializadora Family Duck, la empresa sostiene que las revisiones relacionadas con los servicios analizados no derivaron en sanciones en su contra. Información periodística publicada en 2025 también reportó que, de acuerdo con oficios atribuidos a la ASF, no se habían identificado irregularidades, observaciones o incumplimientos relacionados directamente con Family Duck en las operaciones consultadas.

La precisión es relevante en un contexto en el que durante los últimos años se han publicado cuestionamientos sobre empresas proveedoras de organismos vinculados con el abasto alimentario. La existencia de señalamientos públicos y el resultado de una auditoría son elementos distintos y deben analizarse por separado, de acuerdo con las conclusiones formales de las autoridades competentes.


Siempre hemos considerado que cuando existen recursos públicos debe existir fiscalización. En este contexto, las auditorías permiten comprobar operaciones, revisar documentación y establecer responsabilidades cuando corresponda; de la misma manera, cuando una empresa no es sancionada, ese resultado también debe formar parte de la conversación pública”, afirmó Family Duck.


De proveedores a participantes de una cadena estratégica

La seguridad alimentaria depende de una estructura mucho más amplia que la producción primaria. Entre el productor y el consumidor existe una red en la que participan centros de almacenamiento, operadores logísticos, transportistas, distribuidores, instituciones públicas y empresas proveedoras.

Cada eslabón tiene una función para mantener la disponibilidad y continuidad del suministro, especialmente cuando se trata de programas dirigidos a sectores de la población que requieren apoyo alimentario.

En ese ecosistema, Comercializadora Family Duck ha participado como proveedor dentro de cadenas vinculadas con programas públicos de alimentación. La empresa sostiene que su responsabilidad consiste en contribuir mediante el cumplimiento de las condiciones contractuales, la capacidad logística y la transparencia de sus operaciones.

El planteamiento coincide con un desafío más amplio: profesionalizar las cadenas de suministro y fortalecer los mecanismos que permitan conocer con mayor precisión quién participa en ellas, bajo qué condiciones se contrata y cuáles son los resultados obtenidos.

El reto: convertir los avances en resultados sostenibles

La reducción de la inseguridad alimentaria representa un avance relevante para México, pero también evidencia la necesidad de mantener políticas públicas y mecanismos de distribución capaces de sostener los resultados en el largo plazo.

El escenario internacional refuerza esta necesidad. La edición 2026 del informe The State of Food Security and Nutrition in the World advierte que, aunque el hambre mundial disminuyó por tercer año consecutivo, los avances continúan siendo frágiles y desiguales. Además, alrededor de una tercera parte de la población mundial enfrenta dificultades para acceder económicamente a una dieta saludable.

Para México, esto significa que la conversación no puede limitarse al número de personas que han dejado atrás una condición de inseguridad alimentaria. También debe considerar la calidad de los alimentos, su disponibilidad, los costos de distribución, la infraestructura logística y la capacidad de las instituciones para supervisar el uso de los recursos públicos.

En este escenario, la transparencia adquiere una dimensión estratégica. Una cadena de suministro eficiente requiere empresas capaces de responder a las necesidades de abasto, pero también mecanismos de fiscalización que permitan verificar el cumplimiento y, cuando corresponda, identificar y sancionar irregularidades.


“La mejor manera de fortalecer la confianza es con resultados verificables. Estamos a favor de la fiscalización porque permite distinguir entre señalamientos y hechos acreditados. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo, desde nuestro ámbito de responsabilidad, a cadenas de suministro eficientes, transparentes y capaces de acompañar los esfuerzos de México en seguridad alimentaria”, concluyó Comercializadora Family Duck.


El desafío para los próximos años será consolidar un modelo en el que política social, producción, logística, participación empresarial y vigilancia institucional funcionen de manera coordinada. El objetivo final no será únicamente que existan alimentos disponibles, sino garantizar que lleguen de manera eficiente, transparente y sostenible a quienes los necesitan.

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JC/CR

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