La Procuraduría General de la Nación llamó la atención al Ministerio de Trabajo y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por el retraso en la resolución de 11.417 solicitudes de pensión por invalidez hasta diciembre de 2023.
Los afectados llevan esperando entre 4 y 12 meses, sin recibir respuesta.
Claudia Hernández, procuradora segunda delegada para la Vigilancia de la Función Pública, instó a mejorar la atención y pidió a las Salas de Descongestión acelerar los trámites.
También se implementarán mesas de seguimiento para garantizar la protección de los derechos de esta población vulnerable.