Morena se lanza contra Alejandro Moreno; alega recursos de procedencia ilícita en elecciones pasadas

De acuerdo con Milenio, a través de cuatro denuncias, Morena se lanza no solamente contra el líder priista, sino contra las 12 candidaturas a diputaciones federales de Michoacán y los partidos PRI, PAN y PRD que las impulsaron bajo la alianza “Va por México”.

Mientras que el INE ya solicitó a Morena más elementos, pues en sus denuncias sólo muestra links de Twitter y audios que podrían haber sido obtenidos de forma ilegal, lo que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trataría de pruebas ilícitas que no pueden ser consideradas como elementos probatorios o la base de ninguna investigación.

Layda Sansores entregó el pasado 24 de mayo la última de las denuncias con una USB que dijo, llegó de manera anónima a su oficina con varios audios en los que el líder priista reconoce haber recibido distintas aportaciones económicas para el proceso electoral federal y de Campeche del año pasado, pero también en los que reconoce haber pagado siete millones de dólares por una campaña sucia en contra de la candidata de Morena a la gubernatura de esa entidad.

Las primeras tres, las presentó el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, el 9, 20 y 22 de mayo. En la primera denunció el presunto pago de siete millones de dólares al publicista Antonio Solá por una aparente campaña de desprestigio en contra de la candidata de Morena, la actual gobernadora Layda Sansores, de los cuales, 2.5 “ya fueron puestos en Panamá”.

Morena explica que este pago no fue reportado por el partido y que en caso de que se tratara de una aportación, la normativa estableció que para ese proceso el límite anual de aportaciones de simpatizantes sería de 105 millones 19 mil 42.54 pesos, y el monto involucrado en los audios hablan de 140 millones 721 mil pesos, “lo que implica un rebase en exceso al límite”.

Por lo que el partido sostiene que la Unidad de Fiscalización tiene la obligación de requerir información a la SHCP sobre esta transacción tal como lo indican los manuales de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues acusa que “es ilógico que a la fecha, el PRI no justifique el financiamiento y origen del pago que se hizo al asesor y publicista que en ese momento contrató sus servicios profesionales con fines electorales, ello porque tales recursos se presumen que no forman parte del financiamiento público otorgado al partido político; por lo que si se trata de financiamiento privado, resulta necesario tener una plena identificación de las personas que realicen aportaciones o donaciones a los partidos políticos”.

La segunda denuncia, INE/1/COF/UTF/151/2022/CAMP se centra en la presunta aportación de 100 mil gorras para la campaña del candidato a gobernador por la coalición “Va por Campeche”, que presuntamente el presidente del PRI ordenó exigirles a los proveedores que en los últimos dos años tuvieron relación con el PRI.

El 20 de mayo presentaron una denuncia más INE/1/COF/UTF/148/2022 por los aparentes 25 millones de pesos que Cinépolis donó para las campañas a diputaciones federales por Michoacán, por lo que acusan al PRI, al PAN y al PRD y a las candidaturas de unidad que presentaron por los 12 distritos de Michoacán. Mientras que el 26 de mayo, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados el Congreso de la Unión.

Esta queja exige una investigación para comprobar el origen, monto, destino y aplicación de estos recursos y detalla que el PRI habría violado los artículos 25 y 54 de la Ley General de Políticos que los obliga, primero, a rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto, de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos.

Así, el partido acusa que es evidente que la coalición “Va por México”, pero directamente el PRI, “buscó evadir, de manera clara, la fiscalización de estos recursos (…), beneficiándose indebidamente de los recursos obtenidos de fuentes ilícitas”.

Por lo que exige que el INE investigue y muestre que existió certeza en las elecciones a diputaciones federales del 2021, que se llevaron a cabo en el marco de la legalidad y que sancione al partido “ya que hablamos de conductas que infringen la normatividad en materia de fiscalización”.