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Moyá Moyá pretende seguir usando infomación obtenida por Transparencia, para negociar su libertad
Nación
Claudia Bolaños
Luis Moyá Moyá conocido como "El Zar de las solicitudes de información", ya que en los últimos 15 años, metió más de mil cien documentos al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y presentó 700 recursos de revisión, acusado de lavado e dinero, busca intercambiar información en su poder a cambio de su libertad.
Fue detenido el 21 de octubre pasado. Un juez de control adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, vinculó a proceso y se le ha dictado prisión preventiva por delitos cometidos en 2023, a través de empresas que, según las autoridades, buscaban desestabilizar instituciones gubernamentales.
Y ahora personas cercanas al proceso judicial en contra del hombre acusado de lavado de dinero, extorsión y otros, busca llegar con la titular federal del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo y con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
La oferta que pretende hacer es intercambiar información que presuntamente tiene de algunos políticos opositores al actual gobierno federal, los cuales habría logrado obtener bajo solicitudes de información.
En los últimos 15 años, Moyá utilizó los mecanismos de la Ley de Transparencia como ningún otro ciudadano; pues se hizo experto y metió cientos de solicitudes de información, y sus recursos de revisión, si es que correspondía, para obtener datos que usó, presuntamente a su favor, para exigir dinero a servidores públicos y otras figuras públicas, a cambio de no dañar su imagen.
Entre los casos ventilados en su momento fue contra un medio de comunicación a nivel nacional, por lo que la entonces fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, anunció que su dependencia lleva a cabo una investigación en relación con el acusado.
También, la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, acusó que José Luis Moyá era un extorsionador, que se aprovecha de cualquier situación mediática para obtener beneficios económicos, y quien lo denunció pretender hacer o mismo con ella.
El acusado antes trabajó para Salvador Abascal Carranza en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pero el legislador lo despidió en 2003 tras descubrir se hacía pasar por su secretario particular para obtener información confidencial y presentar denuncias por adquisiciones irregulares, como sobreprecios.
Imagen: Especial
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DM/CR
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