Niegan arraigo domiciliario a Mario Marín

El ex gobernador del PRI del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, mejor conocido como “El Góber Precioso” compareció la tarde de ayer ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cancún, Quintana Roo.

Durante su audiencia, Marín conoció formalmente la acusación en su contra que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

El priista, se reservó su derecho a declarar y su defensa, Gerardo Vázquez Morales, solicitó ampliación al término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica, de acuerdo con los reportes de la organización Artículo 19.

Además, el imputado solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecer una supuesta enfermedad del riñón, el peligro de contagio de Covid-19 en el Cereso de Cancún y su edad avanzada, pero esa petición le fue denegada por el juez.

Cabe destacar que el delito por el que está acusado, está tipificado como grave y no alcanza libertad bajo fianza. Por lo que, Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito que se le imputa, declaró Araceli Andrade, abogada de Lydia Cacho.

En 2005, Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén que tanto Marín Torres como el ex subsecretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, y el empresario textilero Kamel Nacif, mantenían una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.

Meses después, Cacho fue detenida, acusada de “difamación y calumnias”, esto en el estado de Quintana Roo y la llevaron desde Puebla. La periodista contó que en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, y amenazada de abusar sexualmente de ella.

En 2006, se hicieron públicas unas grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, con las que se comprobaba la confabulación entre ambos para la detención de Lydia.

En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no hubo violaciones graves contra Cacho.

Tras 12 años, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano, en contraposición a lo que antes había determinado la SCJN.

En abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Cancún giró órdenes de aprensión contra Marín, Nacif, Karam Beltrán y Juan Sánchez Moreno, por los actos de tortura cometidos contra Cacho.

Un mes después, Marín Torres contaba con una ficha roja de Interpol, por lo que era buscado en más de 190 países.