Peritos valuadores del Nacional Monte de piedad exigen intervención presidencial ante despidos

Un grupo de 390 peritos valuadores despedidos del Nacional Monte de Piedad (NMP) acudió ayer a Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención en el conflicto laboral que enfrentan tras ser despedidos de manera “injustificada”. Los trabajadores, provenientes de estados como Yucatán, Zacatecas, Campeche, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México, exigieron su reinstalación y denunciaron abusos de "terrorismo laboral".

Los valuadores acusaron que fueron “despojados” de sus derechos laborales cuando la institución eliminó su inclusión en el contrato colectivo de trabajo (CCT) y, además, los coaccionó para firmar un contrato de protección con condiciones mínimas de ley.

Javier Martínez Rivas, quien aspira a ser el secretario general del Sindicato Nacional de Peritos Valuadores –cuyo reconocimiento oficial aún está pendiente–, explicó que la directiva del NMP ha mantenido una "ofensiva" en su contra. Esto se intensificó después de la huelga que comenzó en febrero en más de 300 sucursales de la institución, en la que el patronato intentó eliminar el CCT que regula las relaciones laborales de más de 2,300 empleados.

Martínez Rivas recordó que los 390 trabajadores fueron convocados a una "supuesta reunión" en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Veracruz, la cual, dijo, resultó ser un engaño. En esas reuniones, los directivos del NMP les solicitaron firmar su “renuncia voluntaria”.

Ayer, los ex trabajadores presentaron un escrito en el área de Atención Ciudadana de la Presidencia, exponiendo su situación y solicitando una auditoría a las finanzas del NMP, una institución con 249 años de historia. En el documento también mencionaron que el exdirector, Javier de la Calle, dejó su cargo recientemente, tras lo cual señalaron que la institución adquirió una financiera por mil millones de pesos, aunque ha registrado pérdidas por 500 millones.

Los peritos valuadores también expresaron su inquietud por presuntas “irregularidades” en la gestión de alhajas y relojes, señalando que existen contratos de venta de oro por toneladas a compradores extranjeros, lo cual, afirmaron, impide a los clientes recuperar sus prendas.

Ante los “malos manejos administrativos” que han generado pérdidas y daños patrimoniales, Martínez Rivas indicó que un centenar de peritos ya ha presentado demandas de reinstalación. Además, otros trabajadores que se vieron forzados a firmar su renuncia también han iniciado acciones legales debido a que las condiciones de su liquidación no fueron cumplidas.

Foto por Cuarto Oscuro