El Poder Judicial de la Federación resolvió el 4 de noviembre de 2024 sobreseer el juicio de amparo promovido por la organización civil Educación con Rumbo contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). La organización no logró acreditar que dichas instituciones hubieran realizado actos de autoridad que afectaran el derecho a la educación ni su relación con la prueba PISA.
Según la resolución judicial, las acciones de la SEP y Mejoredu no constituyen actos que afecten la esfera jurídica del quejoso, ya que no implican la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas. El juez determinó que el amparo carecía de objeto de reclamación, al no existir actos que vulneraran derechos de la organización.
Además, el documento señala que Educación con Rumbo partió de la premisa incorrecta de que la SEP se negaba a aplicar la prueba PISA. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que esta afirmación era inexacta, lo que llevó al sobreseimiento del juicio de amparo.
Posteriormente, el 6 de marzo de 2025, el juez revocó la orden para que la SEP realizara la prueba PISA, al comprobar nuevamente que la dependencia ya estaba llevando a cabo el ejercicio en las escuelas. Esta sentencia resultó definitiva, reafirmando que la SEP cumple con la aplicación de la prueba sin necesidad de mandato judicial.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la prueba PISA 2025 se realiza por voluntad del Gobierno mexicano y calificó como falsas las versiones que aseguran que el Poder Judicial ordenó a la dependencia realizar el ejercicio. Delgado enfatizó que la decisión de participar en la evaluación internacional fue tomada desde 2024, y que ya se han llevado a cabo pruebas piloto en diversas entidades del país.
Foto por Cuarto Oscuro