Una protesta pacífica organizada por el colectivo Verdad, Memoria y Justicia en Chetumal terminó en violencia, luego de que elementos de la policía estatal reprimieran a las manifestantes, dejando a diez mujeres lesionadas.
El colectivo, compuesto por madres que buscan a sus familiares desaparecidos, se concentró frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo para exigir avances en las investigaciones de casos recientes, especialmente en la zona sur del estado. Romana Rivera, madre de Diana García, desaparecida en febrero de 2020 en un bar de la ciudad, relató que el objetivo de la movilización era reunirse con el titular de la institución, Raciel López.
“Vinimos a pedir respuestas, queremos saber qué está pasando con los casos sin resolver. No podemos seguir esperando en el abandono", declaró Rivera durante una conferencia de prensa posterior al conflicto.
Rivera explicó que, durante la protesta, fue informada de que tendría una reunión con el fiscal, por lo que le solicitaron que se retirara del lugar y se dirigiera a las oficinas de la fiscalía. Mientras tanto, la manifestación continuó con bloqueos intermitentes en la vialidad y con un fuerte operativo policial desplegado en los alrededores.
“Nos hicieron esperar, no nos pasaban a la sala. Fue una estrategia de ellos para reprimir a las víctimas en mi ausencia”, denunció Rivera, describiendo lo que interpretó como una maniobra premeditada.
Según su relato, las autoridades aprovecharon su ausencia para arremeter contra las mujeres que permanecieron en la protesta: “Fue una artimaña para manipular la situación y justificar el uso de la fuerza. Las agredieron, las jalonearon, las golpearon y hasta las tiraron al suelo. A algunas les pusieron la rodilla encima. Estos son actos propios de delincuentes, no de servidores públicos", reclamó.
Las madres buscadoras exigen que se sancione a los responsables de la represión y reiteran su llamado a las autoridades para que prioricen las investigaciones sobre personas desaparecidas en Quintana Roo, denunciando la falta de voluntad política y transparencia en el seguimiento de los casos.