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Procuraduría Agraria debe entregar documentos sobre afectaciones a tierras ejidales por Tren Maya: INAI
Nación
La decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) requiere que la Procuraduría Agraria entregue documentos relacionados con el proyecto del Tren Maya y cómo afecta las tierras del núcleo ejidal Tebec en Umán, Yucatán. La Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, subrayó que esta resolución demuestra el compromiso del INAI con la transparencia, especialmente en proyectos de infraestructura de gran relevancia que suscitan interés público en cuanto a su impacto presupuestal, ambiental y económico. Ella mencionó que negar a la ciudadanía este derecho sería negar su participación soberana en los asuntos públicos.
El INAI había presentado previamente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de un acuerdo que declaraba los proyectos gubernamentales como asuntos de seguridad nacional, lo que obstaculizaba la transparencia. Aunque la SCJN invalidó el acuerdo, se emitió un nuevo decreto que declaraba de interés público y seguridad nacional las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y varios aeropuertos. El INAI, en ese momento, no tenía el quórum necesario para presentar una nueva controversia constitucional, pero ahora, con la habilitación del Máximo Tribunal, pueden seguir defendiendo el derecho a la información en proyectos como el Tren Maya.
El caso en cuestión involucra a una persona que solicitó a la Procuraduría Agraria todos los documentos relacionados con el proyecto del Tren Maya y la afectación de tierras del núcleo ejidal Tebec en un período específico. La respuesta inicial de la Procuraduría no satisfizo al solicitante, quien presentó un recurso de revisión al INAI alegando que la respuesta no cumplió con los plazos establecidos y carecía de motivación. La Procuraduría argumentó que debían considerar un decreto que clasificaba la información como seguridad nacional e interés público.
La Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, determinó que la Procuraduría Agraria había respondido dentro del plazo legal, pero no había proporcionado los documentos encontrados, lo que resultó en una respuesta incompleta. También se consideró inapropiada la clasificación de los documentos, ya que no se había aplicado una prueba de daño, como lo exige la ley. Finalmente, se determinó que la huella digital de los ejidatarios en los listados de asistencia a las asambleas podía clasificarse como información confidencial.
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JM/CR
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