Claudia Bolaños
La reforma a la Ley General de Salud que prohíbe los vaporizadores en México formaliza la entrega de un negocio millonario al crimen organizado, advirtió la organización civil México y el Mundo Vapeando, quién exhortó al senado a revertirla.
Su presidente, Juan José Cirión Lee, señaló que con esta decisión las bandas criminales controlarán la comercialización mensual de al menos cinco millones de dispositivos utilizados por los 2.8 millones de consumidores que existen en el país. Explicó que los decretos presidenciales iniciados en febrero de 2020 y la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024 crearon un esquema prohibicionista que no redujo el consumo y, por el contrario, fortaleció a grupos delictivos como Los Chapitos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito, que ya dominan el contrabando y la distribución de productos de vapor.
Cirión Lee lamentó que México prohíba una tecnología que países como Francia y Reino Unido usan como parte de sus políticas para combatir el tabaquismo, al asegurar que los vaporizadores son hasta 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales. Enfatizó que la prohibición facilita el acceso a menores de edad y expone a los fumadores a un mercado sin controles sanitarios. Señaló que, según el informe internacional “Vapeadores y violencia: El problema de la prohibición en México”, la medida resultó contraproducente porque empujó a millones de consumidores al mercado negro, alimentó actividades delictivas y abrió un negocio adicional para organizaciones criminales que incluso contrabandean millones de dispositivos hacia Estados Unidos, país donde su venta es legal, lo que podría generar conflictos en la próxima revisión del T-MEC.
El activista afirmó que México se convirtió en el país con la mayor restricción jurídica del mundo en materia de vapeo y atribuyó la medida al “berrinche político” del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y a la influencia de Bloomberg Philanthropies, fundación que, señaló, financia organizaciones que presionan por políticas prohibicionistas. Recordó el estudio “La influencia de Bloomberg sobre el Convenio Marco para el Control del Tabaco”, que describe prácticas injerencistas que derivan en mercados ilícitos y menor protección al consumidor.
Por ello, exhortó al Senado a revertir la reforma, rechazar interferencias externas y avanzar en un marco regulatorio que establezca reglas para la importación, distribución y venta de vaporizadores, bajo criterios de salud pública y evitando que el crimen organizado continúe capitalizándose con este mercado.