La diputada del Congreso capitalino, Rebeca Peralta, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México y sancionar la captación de personas mediante engaños, particularmente a través de supuestas ofertas laborales o “reclutadoras fantasma”.
La propuesta busca cerrar un vacío legal que actualmente impide a las autoridades intervenir en las primeras etapas de riesgo, cuando las víctimas son contactadas bajo la apariencia de procesos legítimos de contratación. Peralta explicó que el objetivo es tipificar como delito el acto de inducir a una persona a proporcionar datos personales, trasladarse a un lugar o realizar acciones que la pongan en situación de vulnerabilidad.
El proyecto contempla penas de cinco a diez años de prisión, con agravantes que podrían elevar la sanción hasta 15 años en casos donde las víctimas sean mujeres, menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad. También se prevé un aumento de la pena cuando se utilicen medios digitales o se busque aislar a la víctima.
La iniciativa establece que este delito se persiga de oficio, con el fin de no depender de denuncias en contextos donde prevalece el miedo o la desconfianza hacia las autoridades.
Peralta subrayó que la propuesta busca dar al Estado herramientas para actuar de manera preventiva y enviar un mensaje claro a quienes operan bajo el anonimato, asegurando que no podrán seguir lucrando con la necesidad de quienes buscan empleo.