La ampliación hasta diciembre de 2026 del plazo para inscribirse en el Padrón de Plataformas y Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales abrió un nuevo frente de discusión sobre la regulación de las rentas de corta estancia en la Ciudad de México, especialmente en torno al límite de 183 noches de ocupación anual.
La disposición, aprobada en 2024 como parte de la reforma a la Ley de Turismo capitalina, establece que los inmuebles no podrán renovar su registro si superan la mitad de las noches del año en operación. El Gobierno de la Ciudad implementó el padrón digital en mayo pasado y, tras un periodo inicial de 30 días, decidió extender el plazo hasta diciembre de 2026 debido al alto número de solicitudes y a la diversidad de casos particulares.
El colectivo Todos Somos Anfitriones (TSA) consideró que la prórroga refleja los retos de instrumentar la regulación y planteó que este periodo debe aprovecharse para revisar aspectos como el límite de ocupación anual. “Implementar una norma que afecta a miles de familias requiere planeación, diálogo y aplicación gradual”, señaló la organización.
TSA advirtió que aún existen dudas sobre los efectos de restringir la operación a 183 noches y su relación con objetivos como ampliar la oferta de vivienda de largo plazo o incentivar el regreso de propiedades al mercado tradicional. Recordó que el sector es diverso y participan familias de clase media, mujeres, adultos mayores y propietarios que utilizan sus viviendas como fuente complementaria de ingresos.
El colectivo también subrayó que las estancias contratadas mediante plataformas digitales forman parte de la recaudación tributaria, al estar sujetas a una tasa de 5% de Impuesto sobre Hospedaje, superior al 3.5% aplicable al hospedaje tradicional.
Ángel Torres, fundador de TSA, reiteró que la postura del grupo no busca eliminar la regulación, sino promover reglas que consideren las distintas realidades de quienes participan en esta actividad. En ese sentido, la prórroga fue vista como una oportunidad para retomar el diálogo con autoridades y revisar tanto la operación del padrón como el límite de ocupación anual, con el objetivo de avanzar hacia un esquema que ordene las estancias turísticas sin dejar de lado sus impactos económicos y sociales.