Rosa Mosqueda Ambía, de 96 años, fue desalojada en agosto de 2025 de la casa que habitó durante décadas en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, luego de una serie de procedimientos legales relacionados con la propiedad de ocho inmuebles que, de acuerdo con el reportaje, integraban una masa hereditaria valuada en casi 35 millones de pesos.
El caso comenzó después de la muerte de su esposo, Luis Barajas Castellón, en 1999. La pareja no tuvo descendencia directa y había reunido propiedades con la intención de garantizar su patrimonio durante la vejez. La regularización de los inmuebles se complicó debido a que algunos estaban a nombre de su esposo, otros a nombre de Rosa y dos no contaban con escrituras cuando él falleció.
En 2013, Mosqueda buscó asesoría para regularizar los documentos. De acuerdo con su testimonio, el abogado Teok Flores Bravo presentó posteriormente un contrato de compraventa que ella asegura nunca haber firmado, mediante el cual se argumentaba que el matrimonio había vendido parte de sus propiedades.
Un juez determinó posteriormente que dicho contrato era apócrifo y condenó a Flores Bravo a pagar un millón 682 mil pesos o cumplir una pena de un año de prisión. El litigante promovió un amparo después de no cubrir la cantidad establecida.
Posteriormente, Rosa Mosqueda contrató al abogado Víctor Hugo Espino Hernández, con quien acordó honorarios equivalentes al 25 por ciento del valor de los inmuebles. La mujer denunció que el litigante comenzó a exigirle diversas cantidades de dinero y que, entre 2013 y 2020, entregó más de 900 mil pesos sin recibir comprobantes, bajo el argumento de que serían utilizados para realizar pagos relacionados con sus procesos legales.
La relación terminó en 2020, cuando Mosqueda se negó a continuar entregándole dinero. Después, el abogado promovió un procedimiento para reclamarle más de seis millones de pesos. En mayo de 2023, un juzgado civil determinó que debía pagar 4 millones 582 mil pesos, además de porcentajes relacionados con el valor y eventual venta de sus inmuebles.
La sentencia derivó en el embargo de propiedades y cuentas bancarias de Mosqueda. El 26 de agosto de 2025, elementos de la fuerza pública ejecutaron el desalojo de la casa ubicada en Piura 749, donde la mujer había vivido con su esposo durante más de medio siglo.
Actualmente, Mosqueda vive en un departamento prestado en Nezahualcóyotl, donde también se hace cargo de su hermana María de la Luz, de 92 años. Mientras tanto, su representación legal busca alternativas para impugnar los procedimientos que derivaron en la pérdida de sus propiedades.
El caso también se enmarca en el aumento de las investigaciones por despojo en la Ciudad de México. De acuerdo con cifras citadas en el reportaje, durante 2025 se iniciaron 3 mil 797 carpetas por este delito, 4.25 por ciento más que el año anterior, mientras que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron mil 978 investigaciones.