Por Luis Benítez
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La Ley de Amnistía fue publicada ayer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual fue aprobada el lunes pasado por el Senado de la República.
Dicha ley busca ayudar a mujeres, jóvenes y grupos indígenas, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves.
También es a favor de mujeres acusadas del delito de aborto, personas indígenas que durante su proceso no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua, de aquellos que cometieron un robo simple y sin violencia, así como por delitos contra la salud, los cuales hayan sido cometidos en situación de pobreza, exclusión y discriminación, señala la Ley publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley”, es parte de lo que se menciona en el Artículo 1 de la Ley de Amnistía.
Previamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) externó su respaldo a la Ley de Amnistía por tratarse de un asunto de trascendencia nacional y un acto humanitario y de justicia.
El organismo calificó como acertada la propuesta contenida en el proyecto de decreto, como parte de una estrategia de política criminal centrada en la justicia.
Mencionó que dicha ley no beneficiará a personas acusadas de delitos como homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o feminicidio, portación de armas de fuego, violación, robo de combustible, entre otros, y tampoco impide el enjuiciamiento de personas que podrían resultar jurídicamente responsables de crímenes por violaciones graves a los derechos humanos.
Al iniciarse la fase tres de la emergencia sanitaria, la CNDH hizo votos para que esta ley se extiendan a favor de aquellas personas que fueron encarceladas injustamente, no sólo para disminuir los contagios del COVID- 19 y así despresurizar los centros penitenciarios, sino para ampliar los efectos, alcances y beneficios que tiene la impartición de justicia.