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Ramírez Marín propone medidas contra la explotación de niñas, niños y adolescentes en la vía pública
Nación
Claudia Bolaños
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín propuso modificar la legislación para facilitar la persecución de quienes explotan económicamente a niñas, niños y adolescentes en la vía pública, al advertir que detrás de algunos menores que piden dinero, limpian parabrisas, venden mercancías o realizan actos de destreza en cruceros puede existir una estructura que administra los puntos, fija horarios y recoge lo recaudado.
El legislador del PVEM presentó una iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Ramírez Marín señaló que esta conducta está contemplada en el orden jurídico como explotación de la mendicidad ajena, una de las finalidades de explotación que integran el delito de trata de personas.
Explicó que el problema no es la ausencia de un tipo penal ni la falta de sanciones severas cuando las víctimas son menores de edad, sino la interpretación de los elementos que actualmente deben acreditarse para configurar el delito.
“El problema que esta iniciativa atiende no es la ausencia de tipo penal ni la levedad de la punibilidad. El tipo existe y la pena, tratándose de personas menores de edad, es severa”, afirmó.
El senador sostuvo que la exigencia de acreditar que la mendicidad se realiza contra la voluntad de la víctima y mediante coacción o engaño puede generar dificultades para acreditar el delito cuando un menor obedece a una persona que ejerce autoridad sobre él.
Bajo esa interpretación, explicó, un niño que no opone resistencia porque actúa bajo las órdenes de quien tiene autoridad sobre él podría quedar fuera del tipo básico y, con ello, impedir que se aplique la agravante correspondiente.
Por ello, planteó establecer que, cuando las víctimas sean menores de 18 años, personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o que no puedan resistir la conducta, no sea necesario acreditar los mismos medios de exigencia probatoria que actualmente contempla la legislación.
El legislador aclaró que la propuesta no está dirigida contra la pobreza ni contra las familias que enfrentan esa situación, sino contra quienes obtienen un beneficio económico al colocar a niñas, niños y adolescentes en la vía pública para explotarlos.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis.
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OC/CR
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