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Reforma al Infonavit desata controversia por riesgos legales y financieros
Nación
La reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), junto con la creación de su nueva filial, Infonavit Constructor, ha desatado un amplio debate entre especialistas, representantes empresariales y actores del sector vivienda. Aunque el objetivo principal es atender el déficit de más de 600 mil viviendas en México, diversos sectores han manifestado preocupaciones relacionadas con el riesgo de corrupción, la incertidumbre jurídica y el uso de los recursos de los trabajadores.
Durante el foro Meet Point: Regularización de inmuebles por parte del Infonavit, organizado por El Financiero, Fernando Soto-Hay, director y fundador de Tu Hipoteca Fácil, expresó su preocupación ante el plan de regularizar viviendas invadidas, al considerar que podría mandar un mensaje erróneo al “premiar actos ilegales”.
“Lo que dice el Infonavit es ‘no se preocupen, invadan y nosotros los vamos a regularizar’”, señaló.
Soto-Hay advirtió que las reformas, aunque aparentan ser ajustes menores, implican transformaciones de fondo que podrían resultar perjudiciales.
“Los recursos que administra el Infonavit no son del Infonavit, son de los trabajadores. El Instituto tiene el mandato de cuidar esos recursos, pero se eliminaron responsabilidades administrativas, lo que es gravísimo”, afirmó.
Por otro lado, Octavio de la Torre Stéfano, presidente de la Concanaco-Servytur, defendió la reforma al señalar que muchas de las críticas surgen desde una perspectiva alejada de la realidad de quienes viven en condiciones de pobreza.
“Siempre van a existir quienes por odio o por ideología no van a estar de acuerdo. Incluso muchas veces es fácil cuando se critica a alguien que está en la pobreza o que no tiene oportunidad o que no tiene un lugar donde vivir, eso es fácil, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de quien tiene una vida económica resuelta, como somos muchas veces los empresarios o los dueños de negocios”, expresó.
Asimismo, subrayó que es necesario fortalecer al Infonavit como desarrollador de vivienda, pero siempre respetando la propiedad privada y el debido proceso.
“La solución tiene que combinar la legalidad y el tema de justicia social”, añadió, al señalar que los derechos de los acreditados originales deben ser prioridad a través de esquemas de reestructura.
Sobre la creación de la nueva filial, sostuvo que podría ser benéfica si se enfoca en construir vivienda para personas con bajos ingresos.
“Para que esto suceda con éxito es necesario que coexistan los dos programas, uno complementario del Infonavit, (con la vivienda para bajos recursos)”, dijo.
Por su parte, Marisol Becerra, presidenta de Mujeres Líderes de la Vivienda, hizo un llamado a establecer reglas claras para la operación tanto de Infonavit Constructor como del programa de regularización de viviendas abandonadas.
“Es urgente tener una mayor producción de vivienda, también es urgente que el Infonavit publique las reglas operativas claras y completas, que no nada más se quede en estos anuncios de regularizar a los invasores, que ni siquiera está en la Ley las reglas bien establecidas y eso genera más incertidumbre”, manifestó.
Becerra consideró clave la colaboración entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores para diseñar una política de vivienda efectiva, destacando la necesidad de equilibrar el mercado con participación del sector privado.
“Se necesita de la iniciativa privada para que exista un balance dentro del mercado inmobiliario, aunque existe este tema de preocupación de la competencia con las constructoras con Infonavit Constructor, sin embargo, la realidad es que casi no se produce vivienda asequible”, indicó.
El Infonavit plantea un esquema para recuperar viviendas abandonadas, ocupadas y vandalizadas, con el objetivo de rehabilitarlas y ponerlas en renta con opción a compra. No obstante, la falta de detalles en la propuesta ha generado preocupación entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y el sector patronal, quienes advierten que podría haber implicaciones legales y financieras, además de afectar la cartera vencida del instituto, actualmente superior al 18 por ciento.
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RN/CR
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