SAT debe informar de casos y número de destituciones por actos de corrupción: INAI

Autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben de dar a conocer las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su personal, por actos de corrupción, así como información sobre los ceses que ha habido, ordenaron los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“En cualquier acto donde se advierta el mal uso de recursos públicos, siempre se debe privilegiar el derecho de acceso a la cosa pública, es decir, el derecho a acceso a la información de la ciudadanía, en general, ya que da cuenta del efectivo ejercicio de los impuestos que son recaudados por el Servicio de Administración Tributaria”, subrayó el Comisionado Adrián Alcalá Méndez.

 

Al presentar el caso ante el Pleno, afirmó que entre los factores que favorecen la corrupción se encuentra la excesiva extensión del secreto o reserva de información sobre la gestión pública, así como la falta de normas jurídicas de control y de exigencia de responsabilidades.

“En México, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se tomen por parte del gobierno deben estar al alcance de toda la sociedad, con el fin de tener una constante vigilancia y control de los recursos públicos y que los mismos se ejerzan con estricto apego a lo que marca la legalidad”, apuntó.

Una persona solicitó conocer la información descrita, refiriendo que, en octubre de 2021, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, en una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, reconoció que había habido corrupción al interior de la dependencia e informó que, en lo que iba de su administración, se había cesado a uno de cada diez trabajadores y existían más de tres mil denuncias al respecto en la FGR.

En respuesta, el SAT clasificó la información relacionada con las denuncias como reservada, bajo el argumento de que difundirla puede obstruir la prevención o persecución de los delitos y como confidencial, por tratarse de datos personales de servidores públicos o personas físicas y morales, así como de datos sobre la situación fiscal de contribuyentes, protegida por el secreto fiscal.