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SCJN ordena liberar a Juana Hilda González tras casi 20 años de prisión por caso Wallace
Nación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la inmediata liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien permaneció privada de la libertad durante 19 años y cinco meses, acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace. El fallo determinó que las pruebas presentadas en su contra fueron obtenidas bajo tortura, lo que violó su derecho al debido proceso.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala del máximo tribunal del país otorgó un amparo liso y llano, lo que anula todas las sentencias previas y obliga a notificar de manera inmediata al Cefereso 16 en Morelos, donde se encontraba recluida. La votación contó con el respaldo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena —ponente del caso—, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y las ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf; el único voto en contra fue del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Este fallo histórico también abre la puerta para revisar los procesos de otros acusados en el mismo caso, cuyas condenas se basaron en las mismas pruebas invalidadas. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) destacó que esta decisión debería tener efectos inmediatos sobre los casos de César F., Albert y Tony C., cuyos juicios de amparo directo estaban pendientes, así como de Brenda Q. y Jacobo T., quienes aún permanecen procesados.
Durante la resolución, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que el Estado no demostró que las confesiones de la acusada —obtenidas bajo arraigo en febrero de 2006— se realizaron sin coacción ni tortura. Al invalidarse dichas confesiones, también se eliminaron las pruebas derivadas de cateos realizados días posteriores en los domicilios de la propia Juana Hilda y de su coacusada Brenda.
González Lomelí fue detenida en febrero de 2006 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y sentenciada en 2011 a 78 años y nueve meses de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, la Corte estableció que no existen pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Además, sobre el cargo de posesión de armas, se concluyó que no hay evidencia directa de su propiedad, ya que el hallazgo ocurrió un día después de su detención.
La Fiscalía General de la República (FGR) intentó aplazar el fallo mediante un recurso de impedimento contra el ministro ponente, pero este fue desechado el mismo día por la Primera Sala durante sesión privada.
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JM/CR
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