Por Alejandro Reynoso
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La Secretaría de Gobernación alertó por las medidas ilegales y violatorias de los derechos humanos que se llevan a cabo en 340 municipios del país, de 15 entidades diferentes, en las que las autoridades locales restringen el paso a las localidades para evitar contagios por Covid-19.
“Los gobernadores, como autoridad sanitaria, están facultados para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias; sin embargo, algunas acciones que estos han adoptado, además de rebasar este ámbito, pueden representar riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos”, advirtió.
Estas aseveraciones fueron publicadas en el documento Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19.
En este texto se afirma que las principales acciones son cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y medidas restrictivas al libre tránsito.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob considera que estas medidas no son competencia de los gobiernos locales.
“Los gobernadores, como autoridad sanitaria, están facultados para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias; sin embargo, algunas acciones que éstos han adoptado, además de rebasar este ámbito, pueden representar riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos”, se explica.
En el documento se aclara que la declaratoria de emergencia no constituye de ninguna forma la suspensión de las garantías individuales ni impone un estado de excepción en ninguno de estos 340 municipios.
Tal es el caso de 31 demarcaciones de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León, en los que se impuso toque de queda.
Por otro lado, Jalisco, Michoacán y Sonora decretaron aislamiento obligatorio y habilitaron la aplicación de multas, arrestos y trabajo comunitario a quien incumpla con las medidas de distanciamiento social. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se cerraron fronteras.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, las medidas restrictivas al tránsito no son eficaces, sino severas y desproporcionadas ante una población que se ocupa, en gran medida, en el sector informal.