Claudia Bolaños
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hicieron un llamado a iniciar una nueva etapa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al informar sobre los avances y pendientes en las mesas de negociación sostenidas en las últimas semanas.
En un mensaje conjunto, señalaron que el gobierno federal ha realizado cinco reuniones recientes con la CNTE, además de más de 50 mesas de trabajo en el último año con autoridades educativas y gobiernos estatales, donde se han presentado propuestas, rutas de atención y mecanismos para atender diversas demandas del magisterio.
Indicaron que varias de las exigencias han encontrado solución, mientras que otras continúan en seguimiento institucional. Sin embargo, precisaron que no ha sido posible avanzar en la abrogación de la Ley del ISSSTE, debido a su impacto en las finanzas públicas, ya que comprometería y recursos destinados a programas sociales, salud, educación e infraestructura.
Las autoridades plantearon que esta nueva etapa de diálogo debe centrarse en el análisis técnico, jurídico y financiero de temas como el fortalecimiento del sistema de pensiones mediante una aseguradora pública en coordinación con Pensionissste, así como en una reforma que establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio, basada en la transparencia, el respeto a los derechos laborales y el combate a prácticas como el nepotismo y la corrupción.
Asimismo, propusieron la instalación de mesas de trabajo en las entidades federativas para atender problemáticas como el rezago educativo, la reinstalación de docentes cesados y la reparación de daños a víctimas.
El gobierno federal reiteró su disposición al diálogo permanente y subrayó que se mantendrá instalada una mesa de trabajo con la participación de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, con el objetivo de construir acuerdos por la vía institucional.
También hicieron un llamado a privilegiar la responsabilidad y la sensibilidad para garantizar el cierre del ciclo escolar sin contratiempos, respetando tanto el derecho a la protesta como el de la ciudadanía a la libre circulación.