El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que prohibirá cobros por la cancelación de tarjetas de crédito y fortalecerá los derechos de los usuarios.
La iniciativa, impulsada por el morenista Ricardo Monreal, fue ya aprobada en la Cámara de Diputados y ahora se turnó al Senado para su discusión, con expectativa de votación para la próxima semana, según el coordinador morenista en esa cámara, Adán Augusto López.
Entre los cambios propuestos se encuentran los siguientes puntos clave:
1. Consentimiento expreso
En los formularios de contratación deberá constar que el usuario ha sido informado del contenido de las cláusulas.
Mientras no se acredite este consentimiento expreso, no podrá generarse ningún cargo o comisión, ni cobro oculto.
2. Prohibición de emisión no solicitada
Se declara nula la emisión de tarjetas de crédito o débito si no fueron solicitadas por el usuario, lo que significa que no habrá obligación de cancelarlas porque nunca deberían haberse entregado.
Además, ya no se podrán generar cargos por anualidades, comisiones u otros conceptos si la tarjeta no fue autorizada expresamente.
3. Mecanismos de cancelación más accesibles
Los usuarios podrán cancelar sus tarjetas a través de canales presenciales, telefónicos y digitales.
Se exige un “botón visible y de acceso directo” para cancelar mediante banca en línea, apps o portal web, disponible las 24 horas, los 365 días del año.
El plazo máximo para formalizar la cancelación será de 3 a 5 días hábiles, sin costo, comisiones ni penalizaciones.
La terminación del contrato deberá acreditarse mediante una constancia, ya sea en formato físico o digital.
4. Transparencia y reembolsos
Las instituciones financieras deberán proporcionar información clara, veraz y suficiente sobre todos los costos y cargos relacionados con las tarjetas.
En caso de cobros indebidos, las entidades deben reembolsar las cantidades en un plazo máximo (reportan que serían hasta 5 días hábiles tras la reclamación).
Además, se prohíbe que el historial crediticio del usuario sufra efectos negativos simplemente por recibir una tarjeta no autorizada o cancelarla sin haberla usado.
5. Supervisión
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de la reforma, incluyendo la imposición de sanciones si las entidades incumplen.
Según los promotores de la reforma, estas medidas buscan poner fin a prácticas abusivas en el sistema financiero y empoderar a los usuarios para que tengan un control real sobre sus tarjetas, incluyendo la posibilidad de cancelarlas sin costo ni trabas.