Con 71 votos a favor y 21 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen por el que se armoniza la legislación secundaria para establecer un modelo de simplificación orgánica en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
El documento plantea que las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La propuesta, que busca expedir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue aprobada en lo particular con 67 votos a favor y 20 en contra, por lo que se remitió a la Cámara de Diputados.
El paquete de leyes y reformas que fue aprobado impulsa un nuevo modelo de tutela de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a fin de facilitar su ejercicio, sin que ello implique gastos onerosos, duplicidades y burocracias privilegiadas.
Para ello, se precisa que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también tendrá la atribución para regular la Plataforma Nacional de Transparencia; además, se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo.
El dictamen sustituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
También se establece que las autoridades responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública son:
El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito federal, denominado Transparencia para el Pueblo; el órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación; los órganos de control de los órganos constitucionales autónomos; y las contralorías del Congreso de la Unión.
Además, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por cuanto hace a los sindicatos, en atención a sus apartados; el Instituto Nacional Electoral, respecto a los partidos políticos.
Imagen: Senado