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Sheinbaum asegura que “no se necesita al INAI”; presenta plan anticorrupción
Nación
La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, señaló que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no son necesarias, ya que solo han contribuido ha generar más corrupción y menor transparencia.
Tras presentar su estrategia contra la corrupción "Fortalecimiento de la democracia y Gobierno Honesto", la morenista destacó que se requiere de un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que permita mejorar la inversión del dinero público.
“Lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción (...) No creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia, porque si no, ¿quién cuida la corrupción del INAI?”, mencionó.
Sheinbaum Pardo, subrayó que solo se necesitan “servidores públicos honestos” simplificación administrativa, digitalización y transparencia.
La estrategia presentada por Javier Corral, busca que el combate a la corrupción será una política de Estado, en donde se garantice un enfoque de derechos, como piedra angular el reconocimiento del derecho a una buena administración pública y el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción.
Estos son los ocho puntos del plan:
1.- Garantizar un enfoque de derechos a una buena administración pública y vivir en un ambiente libre de corrupción.
2. Impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno: que los poderes de gobierno asuman compromisos para resolver la corrupción y contemple compromisos de mejores compras públicas, mejores servicios, profesionalización de servidores públicos y obligaciones de transparencia y porcentaje de licitaciones públicas, entre otros.
3. Crear una Agencia Federal Anticorrupción sin implicaciones al gasto presupuestal. Se encargará de resolver el problema estructural de impunidad en actos irregulares y de corrupción cometidos por servidores públicos.
4. Rediseñar la Secretaría de la Función Pública: centrar sus objetivos en políticas de prevención de la corrupción, profesionalización y política de recursos humanos y política de contrataciones públicas. También contempla nombrar y remover a titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de la Administración Pública Federal.
5. Modelo nacional para investigar delitos de corrupción: su objetivo será dotar de herramientas de investigación que garanticen una investigación eficaz en los delitos de corrupción, así como la recuperación efectiva de activos.
6. Enfrentar la corrupción en cadena seguridad-justicia: reforma profunda de las corporaciones policiacas, las procuradurías y fiscalías, ministerios públicos y del sistema judicial, a nivel federal y local.
Revisar y simplificar el sistema de fe pública, así como asegurar transparencia e integridad en la labor de notarios públicos.
7. Mejores contrataciones públicas y transparentes: Contempla una ley general que regule los principios y normas básicas de contratación para todas las instituciones públicas y mayores controles para evitar el abuso de los casos de excepción a la licitación
pública.
Se propone implementar un programa de combate a empresas fantasma o fachada y que se tipifique como delito la simulación de contrataciones públicas por particulares y empresas.
También contempla que se asegure la probidad e idoneidad técnica de los proveedores y contratistas a través de Registro de Proveedores y Contratistas y su historial contractual, que será criterio de adjudicación; se preferirá a las empresas que generan empleos comprobables.
8. Criterios generales de la estrategia anticorrupción: Colaboración entre los estados, la Federación y municipios; diseñar un esquema nacional de alertadores y denunciantes de corrupción, que promueva la cultura de la alerta y denuncia, proteja a las personas que lo hacen de las represalias y fije reconocimientos, recompensas y beneficios legales a quien ayude a combatir la corrupción.
Se centra en la profesionalización y certificación de las y los servidores públicos especializados involucrados en la investigación de hechos de corrupción en todos los ámbitos (Agencia Federal Anticorrupción, Fiscalías Anticorrupción y los órganos superiores de fiscalización), fomentando conocimientos y mejores prácticas compartidas.
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DM/CR
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