Claudia Bolaños
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México está cambiando y señaló que la ley para garantizar el derecho de las audiencias ya fue aprobada, mientras que los lineamientos para su aplicación fueron sometidos a consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Ante las críticas que surgieron sobre una posible censura a medios de comunicación, la mandataria aseguró que el Gobierno federal no impondrá sanciones por los contenidos periodísticos ni determinará qué información puede o no difundirse.
“México está cambiando”, expresó Sheinbaum, al señalar que solicitará a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, precisar los alcances de estas disposiciones, particularmente sobre las condiciones en las que una autoridad podría intervenir.
Alcalde informó que la consulta pública concluyó el 21 de agosto y recibió más de 8 mil comentarios y propuestas de distintos sectores, incluida la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.
Explicó que los lineamientos establecen que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir cuando un medio no cuente con un código de ética, no tenga defensor o defensora de las audiencias o carezca de un mecanismo efectivo para atender quejas.
La consejera jurídica aclaró que la comisión no tendrá facultades para imponer multas por los contenidos de los medios ni para determinar si una información es falsa, pues esa valoración corresponderá a los defensores de las audiencias designados por los propios concesionarios.
Detalló que, ante una queja presentada por una persona usuaria, el defensor de audiencias analizará el caso y, si considera que existe una afectación al derecho a la información, podrá recomendar una aclaración, rectificación o el ejercicio del derecho de réplica.
Alcalde señaló que este mecanismo busca fortalecer la protección de los derechos de las audiencias mediante la autorregulación de los medios, sin establecer sanciones por opiniones o contenidos publicados.
Indicó que los artículos 49 y 50 de los lineamientos pueden perfeccionarse conforme avance su aplicación, por lo que primero se deberá evaluar su funcionamiento y, en caso de ser necesario, realizar ajustes para garantizar una protección efectiva del derecho constitucional a la información.