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Sin regulación completa, uso de vapeadores carece de sanciones, advierte PRI
Nación
El proceso legislativo para prohibir el uso de vapeadores en México aún no concluye, por lo que las sanciones establecidas en la reforma siguen sin aplicarse. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que estas medidas serán definidas en las leyes secundarias.
El pasado 11 de diciembre, el Senado de la República aprobó un dictamen que prohíbe desde la Constitución la producción, venta y uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Tras ser avalado por el pleno, el documento fue enviado a los Congresos locales, donde logró la mayoría necesaria para su declaratoria constitucional. Sin embargo, la reforma aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso necesario para su entrada en vigor.
Advertencia del PRI
Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, emitió un comunicado dirigido a los usuarios de vapeadores, recordándoles que el proceso legislativo no ha concluido. También señaló que hasta ahora no se han definido las sanciones que enfrentarán los consumidores y criticó que el debate legislativo no abordó el problema de fondo de las adicciones en el país.
Ausencia de sanciones claras
Aunque el dictamen presentado en ambas Cámaras enfatiza los riesgos a la salud asociados al uso de vapeadores, no se especificó el tipo de sanciones a imponer. El documento solo indica que será sancionada “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos que señale la ley”.
La reforma establece que estas medidas buscarán “erradicar los daños respiratorios, cardiovasculares, mutagénicos y otras afectaciones a la salud derivados de los dispositivos electrónicos análogos, sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente”.
Plazos para armonización legislativa
Una vez que la reforma entre en vigor, las disposiciones que se opongan serán derogadas. Además, se ha estipulado un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico en las materias contenidas en el decreto, mientras que los Congresos locales contarán con un año para implementar los cambios necesarios.
Por el momento, las autoridades no tienen facultades para sancionar o multar a quienes incumplan con las disposiciones de esta ley, lo que genera incertidumbre entre los consumidores y críticas por la falta de claridad en el proceso regulatorio.
Con información de Agencias
Imagen: Cuartoscuro
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DM/CR
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