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Texas ofrece tierras para construir centros de detención en apoyo a las políticas migratorias de Trump
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El comisionado de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció la disponibilidad de 567 hectáreas en la frontera con México para la construcción de instalaciones destinadas a la detención y deportación de migrantes indocumentados. La propuesta fue enviada al presidente electo Donald Trump, como parte de los preparativos para cumplir con sus promesas de endurecer la política migratoria.
En una carta dirigida a Trump y enviada a su residencia en Mar-a-Lago, Buckingham expresó su disposición a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas, y la Patrulla Fronteriza para desarrollar instalaciones que procesen y coordinen lo que describió como "la mayor deportación de criminales violentos en la historia del país".
El terreno, ubicado en el condado de Starr, cerca del Río Grande y a unos 56 kilómetros de McAllen, Texas, fue adquirido tras la negativa del propietario anterior a permitir la construcción de una sección del muro fronterizo y otorgar acceso a las autoridades. Buckingham aseguró que la compra fue crucial para avanzar en la seguridad de la frontera.
En la misiva, el comisionado también destacó otras acciones emprendidas en la región, como la adjudicación de "Front Island", una isla en el Río Grande considerada de alta peligrosidad. Según Buckingham, en esta área se encontraron armas y explosivos, lo que llevó a reforzarla con alambre de púas como parte de la denominada "Operación Flat Top". Aseguró que desde la finalización de esta operación, las actividades delictivas relacionadas con cárteles han desaparecido en la zona.
La propuesta de Buckingham coincide con informes recientes de CNN sobre los avanzados planes de Trump para construir o ampliar centros de detención destinados a deportaciones masivas. Durante su campaña, el presidente electo también planteó movilizar reservistas de la Guardia Nacional e incluso reubicar tropas desde el extranjero para apoyar estas acciones, lo que ha generado preocupación por las implicaciones legales y el posible cambio de rol de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia interna.
Se estima que en Estados Unidos residen 11 millones de personas indocumentadas y que las deportaciones masivas podrían impactar a cerca de 20 millones de familias, muchas de ellas con integrantes ciudadanos estadounidenses, según la organización America's Voice, que defiende los derechos de los migrantes.
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JM/CR
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