Tribunal Federal de Justicia Administrativa valida resolución de la ASF sobre daño a la hacienda pública en construcción de la Estela de Luz

En una decisión unánime, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) respaldó la resolución de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que determinó la existencia de un daño a la hacienda pública federal por un monto de 230 millones 77 mil 487 pesos en la construcción del espacio conmemorativo y monumento conocido como Estela de Luz, erigido durante el gobierno de Felipe Calderón.

El caso surgió a raíz de una impugnación presentada por Carlos Sánchez Gutiérrez, quien fue señalado por participar en las acciones que ocasionaron el perjuicio al Estado. Entre las irregularidades cometidas se encuentran pagos excesivos en comparación con el precio unitario del acero inoxidable, exceso en la cantidad de kilogramos pagados, así como desembolsos desproporcionados por concepto de transporte y montaje, entre otros.

La construcción de la Estela de Luz, inaugurada en enero de 2012, generó gran controversia debido al incremento en su costo, que pasó de los 400 millones de pesos contemplados en el proyecto original a más de mil millones.

Por unanimidad, los magistrados respaldaron el proyecto presentado por Juan Manuel Jiménez Illescas, en el cual se declararon infundados e inoperantes los argumentos esgrimidos por el exfuncionario para tratar de desacreditar las acusaciones en su contra.

El imputado argumentó que la ASF cometió irregularidades en la revisión del caso, lo que llevó a que se le atribuyera responsabilidad. Sin embargo, el pleno de la Sala Superior del TFJA confirmó que la autoridad evaluó adecuadamente las pruebas presentadas durante el proceso y llegó a la conclusión de que el acusado sí cometió las irregularidades señaladas.

En consecuencia, se determinó que la resolución emitida por la Dirección General de Responsabilidades de la ASF se ajustó a derecho, estableciendo así la responsabilidad directa del imputado, quien deberá colaborar en la reparación del daño ocasionado a la hacienda pública federal de manera conjunta con otros involucrados.