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Va FGR por responsables de juicio laboral inventado contra Herdez
Nación
Claudia Bolaños
Fue en 2007 cuando inició el juicio, con el uso de documentos apócrifos que pretendían relacionar laboralmente a una persona con Grupo Herdez, en perjuicio de la empresa.
Las actuaciones integradas inicialmente por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y que ahora fueron atraídas por la Fiscalía General de la República (FGR), documentaron los mecanismos de presión legal y mediática a los que estuvo sujeta la compañía.
La carpeta de investigación desglosa el origen de dicho procedimiento.
Según la entrevista ministerial de Irene León Escamilla, el juicio laboral fue diseñado deliberadamente como un ataque directo contra el patrimonio de la corporación.
La FGR cuenta con el documento bajo análisis, en el que se establece que el litigio no derivó de una controversia legítima entre trabajador y empleador, sino de una planeación estratégica gestada en el despacho de Humberto Cavazos Chena.
“Estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”, se lee en la declaración, en la que se describe la conducta en la que habría participado León Escamilla.
Ante la autoridad penal, León Escamilla refirió que las condiciones y los montos del reclamo fueron elevados artificialmente con la finalidad de presionar a la empresa para alcanzar un acuerdo económico.
Las constancias exponen que Grupo Herdez mantuvo una postura firme frente a las exigencias del despacho, situación que permitió trasladar las actuaciones al ámbito del derecho penal.
“Y me di a la tarea de consultar en aquella época en páginas de internet y medios oficiales y me percaté que efectivamente el señor Alfredo Jorge Colín Huerta no trabajaba ni había trabajado en absolutamente ninguna de las empresas morales demandadas… En ese momento yo solamente me limité a seguir instrucciones por miedo a perder mi trabajo, aunque en reiteradas ocasiones le comenté a mi jefe que en cualquier momento nos podían cachar”, declaró.
La indagatoria ministerial detalla cómo los elementos presentados ante las juntas laborales habrían sido estructurados mediante hechos inexistentes y alteraciones de perfiles profesionales.
“Siendo que una vez que no fueron cumplidas las exigencias de mi entonces jefe, salí del lugar y me fue ordenado se realizaran las gestiones para en ese momento embargar las cuentas del grupo”, se lee en la declaración sobre el esquema en el que habría participado León Escamilla.
La investigación penal se enfoca en esclarecer el diseño de esta estrategia, determinar el alcance de las afectaciones que se habrían intentado generar contra la firma comercial e indagar si existen más personas involucradas en estos hechos.
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OC/CR
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