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Abogado de Emilio Lozoya rechaza acuerdo con Pemex y el gobierno mexicano
Nación
En un giro inesperado del caso de Emilio Lozoya, su abogado defensor, Miguel Ontiveros, ha anunciado que su cliente no tiene intención de llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex y el gobierno mexicano. Según Ontiveros, el monto de 30 millones de pesos propuesto como reparación del daño carece de fundamento y es simplemente una opinión personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Para que haya un acuerdo se requiere de la voluntad de las partes y Emilio Lozoya no tiene voluntad de llegar a un acuerdo reparatorio sometido mediante información errónea,(…) que ha incrementado de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares”, refirió respecto al incremento que solicitó Pemex en la audiencia del 18 de julio.
La situación ha generado sorpresa en el ámbito legal y político, ya que se esperaba que Lozoya buscara llegar a un acuerdo para obtener beneficios procesales. El abogado explicó que, incluso, el juez cuestionó a los representantes de Pemex sobre el aumento del monto de la reparación del daño, y estos respondieron que se trataba de "una instrucción superior", que Ontiveros atribuye al presidente López Obrador debido a sus declaraciones públicas.
Recordemos que Emilio Lozoya ha colaborado con la Fiscalía General de la República bajo un criterio de oportunidad, proporcionando información relevante sobre actos de corrupción que involucran a políticos y exfuncionarios destacados, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Si bien Ontiveros afirmó que esperan alcanzar un acuerdo antes del 31 de agosto en la audiencia intermedia, el expresidente de Pemex se muestra firme en su posición de no pagar los 30 millones de dólares solicitados como reparación. En cambio, propone pagar 10.7 millones de pesos para continuar con su colaboración con las autoridades.
Ante la posibilidad de no lograr un acuerdo con la Fiscalía de la República, el equipo legal de Lozoya ha manifestado su intención de buscar otros recursos, incluso a nivel internacional, para argumentar que se han violado los derechos de su cliente en el proceso.
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MM/CR
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