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Acusan a Salomón Jara de influir en liberación de condenado por desaparición de Claudia Uruchurtu
Nación
La familia Uruchurtu Cruz señaló que no existe duda sobre la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz en la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, aprehendido y señalado como autor intelectual de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Matus Marcial había sido sentenciado a 60 años de prisión, sentencia que fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, que ordenó dictar una nueva resolución absolutoria.
Asimismo, la familia indicó que Jara Cruz habría intervenido en el caso de la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, la morenista Lizbeth Victoria Huerta, cuya responsabilidad como autora intelectual fue reclasificada a obstrucción de la justicia, lo que permitiría que las víctimas indirectas puedan acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.
Durante una videoconferencia, Sara y Elizabeth Uruchurtu, acompañadas de sus asesores jurídicos, manifestaron su rechazo al veredicto emitido por los magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, quienes ordenaron dictar una resolución de inocencia al considerar que no existían elementos suficientes para probar la culpabilidad de Matus Marcial, pareja sentimental de la ex alcaldesa y asesor jurídico municipal.
Sara Uruchurtu lamentó que “no hemos tenido acceso a la justicia… no hay reparación del daño o verdad” y calificó el proceso como una simulación de las autoridades. “Esto gracias a estos magistrado y jueces que simplemente en su no labor se les hace muy fácil simplemente seguir facilitando a estos criminales y a este sistema de gobierno que sigan haciendo y deshaciendo como se les ofrezca”, afirmó.
La familia cuestionó que los magistrados desecharan el trabajo de investigación de la Fiscalía General del Estado y señaló: “¿se me criticaría mucho si hablo de ellos (los jueces) como encubridores de criminales?, ¿se me criticaría mucho si hablo de ellos como criminales y negligentes?, ¿soy tanto yo como mi familia los arrogantes?, ¿los que estamos exigiendo de más?”.
Elizabeth Uruchurtu destacó que el magistrado encargado tardó apenas 10 días en analizar el proyecto, pese a que la documentación consta de más de 14 tomos de investigación y tres meses de video. Durante este proceso, aseguró que se desestimaron todas las pruebas y declaraciones de testigos, beneficiando claramente al acusado.
José Juan Julián, asesor jurídico de las víctimas, expresó su preocupación por la determinación de los magistrados, quienes alegaron falta de pruebas concluyentes. Recordó que en los casos de desaparición forzada, a diferencia de otros delitos, es difícil contar con evidencia directa, por lo que “tienes que utilizar las pruebas de manera indirecta, tienes que utilizar una serie de elementos circunstanciales, es como armar un rompecabezas”, señaló.
Ante el agotamiento de las instancias judiciales mexicanas, la familia consideró que únicamente queda la opción de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque con la nueva reforma al Poder Judicial se encuentran “indefensas como víctimas indirectas de la desaparición de Claudia”. Por ello, adelantaron que buscarán justicia a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sara Uruchurtu subrayó que el caso se ha convertido en emblemático, ya que era la primera ocasión en que funcionarios en activo fueron detenidos, juzgados y sancionados por un caso de desaparición forzada, aunque ahora también por el nivel de encubrimiento que promueve la normalización de la violencia contra las mujeres.
Respecto a la participación de Salomón Jara, las hermanas Uruchurtu Cruz aseguraron que es innegable. Recordaron que cuando se le acusó de la desaparición de Claudia, el entonces senador de Morena había defendido a Lizbeth Victoria Huerta como “una persona muy honesta y muy trabajadora”, y contaban con pruebas de que Jara Cruz estuvo pendiente de sus hijos durante el encarcelamiento de la alcaldesa, evidenciando una relación cercana.
La familia también denunció favoritismo en los juzgados, señalando que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez “siempre apoyó a los acusados, los defendió como si se tratara de sus clientes, siendo grosera y prepotente con las víctimas indirectas”, mientras que permitía al abogado defensor, cuyo salario se tasaba en millones de pesos, actuar sin restricciones.
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RN/CR
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