Ciencia y Justicia: un reto para la Fiscalía de la CDMX

Las últimas semanas se han hecho públicos diferentes eventos en que varias mujeres amenazan a hombres de denunciarlos penalmente, por acoso, violación y otros delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas, pero recurriendo a la mentira y el engaño. El tema es muy delicado, en primer lugar, porque muestra los excesos a que se puede llegar abusando de mecanismos establecidos en la Ley, de manera obviamente necesaria y pertinente, para tratar de reducir y, eventualmente, erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Frente a lo anterior, uno de los retos que enfrenta la Fiscal Bertha María Alcalde, es garantizar que en todos los procesos que se investigan en la dependencia a su cargo, cumplan estrictamente con los principios y mandatos establecidos en nuestro marco noramtivo.

En ese sentido, uno de los frentes de trabajo que están pendientes de revisar en la Fiscalía es la forma en cómo las y los agentes del Ministerio Público llevan a cabo sus diligencias y actos de investigación; esto, porque hay incontables casos en que se violan flagrantemente principios como el de exhaustividad, equilibrio procesal y presunción de inocencia, precisamente en todo lo que se relaciona con presuntos delitos cometidos en contra de mujeres.

Una de las malas prácticas que se tienen en esa materia es que, en el día a día, las y los Ministerios Públicos reducen sus actos de investigación a ordenar “dictámenes o informes periciales”; los cuales, también en la mayoría de los casos, no cumplen con lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, o con instrumentos como los manuales sobre pruebas periciales que ha elaborado la SCJN, o diversas tesis jurisprudenciales que se han emitido en esa materia.

Un claro ejemplo al que se enfrentan tanto asesores de víctimas, como defensores de personas imputadas, es que prácticamente todos los informes emitidos reportan “afectación relacionada con los hechos que se investigan”; y con base en ello, se están judicializando una gran cantidad de carpetas de investigación que, para colmo, al llegar al Poder Judicial, sirven de base para la vinculación a proceso, pues allí el estándar probatorio es extremadamente bajo.

Los casos que se han hecho “virales” muestran que las cosas no andan bien en la procuración e impartición de justicia. Y ello es así porque en la Fiscalía de la CDMX no se han generado ni los procedimientos ni las capacidades para garantizar que en toda acusación se aplican rigurosamente principios científicos de evaluación y control sobre “la credibilidad del testimonio”; a la par de la necesaria y obligada revisión de los llamados “controles periféricos objetivos” para determinar cuándo una acusación tiene efectivamente sustento.

Nuestro país vive en un océano de impunidad. Y es sumamente grave que las personas que delinquen no reciban la sanción que ameritan por los actos cometidos. Pero más grave aún es que, en medio de esa impunidad, haya personas detenidas y sometidas a procesos judiciales, con base en mentiras, chantajes, pero, sobre todo, con la complicidad negligente de la autoridad.

Investigador del PUED-UNAM