Claudia Bolaños
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno prepara una iniciativa para hacer más eficientes los procedimientos de investigación y sanción de actos de corrupción, reducir los plazos y evitar que los casos queden sin resolución por prescripción.
La dependencia explicó que actualmente existen investigaciones que no tienen un plazo definido para concluir, lo que permite que los expedientes permanezcan abiertos durante años y que, cuando se pretende resolverlos, el delito ya haya prescrito.
Por ello, la propuesta establece temporalidades para las distintas etapas de los procedimientos, con el objetivo de que los tiempos de investigación y resolución sean compatibles con los plazos de prescripción.
Otro de los cambios explicados por Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, ennla conferencia mañanera, es evitar que una investigación tenga que reiniciarse cuando durante el procedimiento se determine que la conducta debe clasificarse como una falta distinta.
La propuesta permitiría reclasificar el hecho y continuar con el procedimiento, en lugar de regresar al inicio.
La Secretaría también plantea eliminar vacíos de competencia entre autoridades federales y estatales, particularmente en casos relacionados con recursos federales transferidos a entidades federativas. Explicó que actualmente pueden presentarse controversias sobre si corresponde intervenir a una autoridad estatal o federal, lo que puede retrasar los procedimientos.
Otro de los ámbitos que se busca revisar es el Infonavit, al tratarse de un organismo tripartita en el que actualmente la Secretaría Anticorrupción no tiene participación directa. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó analizar modificaciones que permitan fortalecer la supervisión sobre este tipo de organismos.
La propuesta también contempla los casos en que recursos públicos son transferidos a fideicomisos sujetos a reglas de derecho privado. La Secretaría busca establecer con mayor claridad las facultades de las autoridades cuando esos recursos sean utilizados para fines públicos y exista participación de servidores públicos.
El mismo criterio se pretende aplicar a instituciones como la Beneficencia Pública, que pueden administrar recursos de origen público y privado. La iniciativa busca determinar responsabilidades cuando un servidor público incurra en un desvío de recursos vinculados con una función o interés público.
La Secretaría señaló que el objetivo es que siempre exista una autoridad competente para investigar y sancionar cuando intervenga un servidor público, recursos públicos o un interés público, independientemente del mecanismo jurídico mediante el cual se administren los recursos.
Las modificaciones forman parte del paquete de reformas que prepara la dependencia por instrucción de la presidenta y que será presentado próximamente al Congreso.