Claudia Bolaños
El crecimiento del crimen organizado en las Américas se ha convertido en una de las principales amenazas para los derechos humanos, al generar violencia extrema, corrupción institucional, control territorial y graves afectaciones a la seguridad de las poblaciones, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una resolución sobre crimen organizado y derechos humanos, el organismo señaló que estas organizaciones criminales han incrementado su capacidad para infiltrar instituciones del Estado, capturar economías locales y someter a comunidades enteras mediante extorsión, desplazamiento forzado, trata de personas y otras actividades ilícitas.
La CIDH destacó que este fenómeno impacta de manera particular a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas, personas migrantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, quienes enfrentan mayores riesgos de violencia y amenazas.
El organismo indicó que el crecimiento de estas redes criminales también debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, al tiempo que genera altos niveles de impunidad cuando las autoridades no investigan ni sancionan adecuadamente los delitos.
Ante este panorama, la comisión llamó a los Estados de la región a adoptar estrategias integrales para combatir el crimen organizado, que incluyan el fortalecimiento de los sistemas de justicia, políticas de prevención de la violencia y acciones coordinadas para proteger a las víctimas.
Asimismo, subrayó que las políticas de seguridad deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos, evitando abusos por parte de las autoridades y garantizando que las medidas para enfrentar a las organizaciones criminales no vulneren las libertades fundamentales de la población.