Crisis carcelaria

Columnas jueves 11 de mayo de 2023 -

Una declaración de la máxima autoridad del sistema penitenciario federal llama la atención por sus graves implicaciones. Por un lado, cada vez sabemos de más revueltas, motines, homicidios y redes de comercio ilegal dentro de las prisiones, con un claro énfasis de todo lo anterior en las instalaciones estatales, es decir, los CERESOS.

Por otro lado, Antonio Hazael Ruiz Ortega, titular del centro desconcentrado de readaptación, enfatizó que en lo que va del año, solo Chihuahua es la entidad que más internos ha permitido que sean trasladados a los penales federales con la finalidad de ayudar a mantener la gobernabilidad en los sistemas penitenciarios estatales.

De acuerdo con cifras del INEGI, en 2021 220,420 personas se encontraban privados de su libertad en los centros penitenciarios y de internamiento, y el 94.4% eran hombres, el 5.6% mujeres. Nos son pocos. Sólo hay 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 51 centros de internamiento para adolescentes. Clara mayoría estatal.

Este tema nos ayuda nos ayuda a seguir dibujando el cambio de la relación entre sociedad, estado y crimen organizado, la crisis de las prisiones locales es cada vez más visible.

Problemas de precariedad presupuestaria e incompetencia profesional aparte (que es típico en los niveles subnacionales, mientras más pobre sea el estado o municipio en cuestión), es interesante que según el titular federal del sistema penitenciario, sólo uno de los 32 estados, Chihuahua, ha permitido que muchos de sus reos de alta peligrosidad sean trasladados, de instalaciones estatales, a federales de máxima seguridad. Esto dice mucho.

No podemos negar que las cárceles son, de suyo, un ecosistema autónomo y con reglas específicas, donde los criminales siguen operando, a veces hacia afuera, a veces sólo hacia adentro, pero con relaciones de jerarquía, mando y legitimidad sobre la población penitenciaria y, en los casos más escandalosos, junto o sobre las autoridades del propio penal.

Esto no es nuevo, más bien es un secreto a voces dentro del mundo de la procuración y administración de justicia, pero rara vez es abordado con seriedad por algún político, porque el tema no es rentable en absoluto. A nadie le interesan las condiciones en las que viven los presos, y ni siquiera se concibe que alguien en su sano juicio esté más preocupado por sus derechos humanos que por los de quienes están en libertad y no han sido condenados.

Las bandas y células del crimen organizado, así, tienen una fuerza específica, mayor o menor, dependiendo de las instalaciones penitenciarias de las que se hable, y por eso para ellos es importante que los manden a una y no a otra (que puede estar controlada, por ejemplo, por sus enemigos, y por ende los matarían pronto una vez dentro).

Por eso las autoridades no quieren, o no pueden, o no se atreven, a mover a sus presos de alto perfil a otro lado, pese a que muchas riñas y homicidios que ocurren dentro de las cárceles tienen todas las señales de peleas entre bandas, más que de motines espontáneos. Las cárceles, en suma, son un mundo aparte, donde el orden mafioso de la fuerza y la credibilidad a base de brutalidad se ha impuesto desde hace tiempo, simplemente ahora se está diciendo abiertamente.

No sé si eso sirva para algo, además de para poner en peligro a los funcionarios del ramo, pero esperemos que sí. Porque forman parte del ecosistema criminal en activo, se quiera o no.