Derechos humanos: un desafío estructural

Columnas miércoles 10 de diciembre de 2025 -

El país atraviesa un momento decisivo. Pese a los avances recientes en la reducción de la pobreza, México continúa instalado en un estado estructural de incumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Los datos oficiales muestran, de manera reiterada, que los mandatos constitucionales y convencionales permanecen lejos de traducirse en condiciones materiales de bienestar: millones de personas carecen de acceso efectivo a la educación, la alimentación, la salud, el agua potable, la vivienda digna, la justicia y un medio ambiente sano. Así, lo que prevalece es una distancia inaceptable entre el orden jurídico garantista que el país se ha dado y la realidad cotidiana de la población.

En efecto, el contenido del artículo 1º constitucional implica una transformación profunda de la arquitectura institucional del Estado mexicano. El mandato es claro: todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La Suprema Corte ha reiterado que estas garantías no son meros enunciados respecto de aspiraciones, sino obligaciones cuya materialización debe orientar la planeación, programación y presupuestación públicas.

Sin embargo, la evidencia muestra que México aún opera bajo un esquema fragmentario, sectorial y discrecional, incapaz de asegurar el cumplimiento universal y progresivo de los DESCA. En ninguno de los derechos reconocidos por nuestra Carta Magna -educación, alimentación, salud, vivienda, agua, medio ambiente, igualdad, niñez, cultura, movilidad, trabajo o justicia- se observan trayectorias compatibles con el estándar de progresividad. Por el contrario, se documentan retrocesos que, a la luz de la jurisprudencia, constituyen violaciones constitucionales abiertas.

Para ilustrar lo anterior basta con mencionar el caso del incumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano: la erosión del capital natural, la caída del gasto público ambiental, la degradación de suelos y cuerpos de agua y la insuficiencia de indicadores integrales configuran un panorama crítico. Un país megadiverso, dotado de un marco jurídico robusto, convive hoy con un deterioro sistémico que compromete la salud, la alimentación, la seguridad hídrica y la viabilidad de las ciudades.

A ello se suma un riesgo político de enorme calado: la llegada de una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en un contexto de polarización, podría desmantelar los avances jurisprudenciales construidos durante los últimos quince años. La Corte ha sido un contrapeso indispensable para hacer exigibles los DESCA, para expandir su contenido sustantivo y para impedir regresiones. Perder ese horizonte significaría reinstalar la idea de que los derechos sociales son “programáticos”, renunciando a una de las transformaciones constitucionales más profundas desde 2011.

Frente a ello, es imprescindible exigir que el artículo 1º sea tomado como eje rector de la política pública y del discurso público. México necesita rescatar el sentido constitucional de la progresividad, abandonar la discrecionalidad gubernamental y construir una nueva arquitectura institucional capaz de garantizar los derechos humanos. Sin duda, el cumplimiento de los DESCA es un deber jurídico-político, y la condición mínima de una democracia que aspire a llamarse Estado de Derecho.

Investigador del PUED-UNAM