La semana pasada el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, indicó que el número de migrantes en la frontera no tiene precedentes al detener más de 200 mil indocumentados únicamente en el mes de julio. Esta situación se ha tornado crítica en los últimos meses a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y de México por controlarla.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), desde abril de 2020, empezó una tendencia sostenida al alza que se ha mantenido a lo largo de dieciséis meses. En números concretos, durante el periodo señalado, se pasó de 17 mil personas detenidas en la frontera a más 212 mil, esto es, se multiplicó por 12 la migración ilegal.
Sólo en los últimos doce meses, se detuvieron 1.2 millones de migrantes ilegales. De ellos, la mayor parte provino de México con cerca de 500 mil personas, seguido por Honduras con 242 mil y Guatemala con 218 mil. Esto representa un aumento de 175% para México, 588% para Honduras y 486% para Guatemala, con respecto a los doce meses anteriores. No obstante, el perfil del migrante se ha diversificado de manera importante hasta integrar personas de Sudamérica, El Caribe, África y otras partes del mundo.
Según datos de la patrulla fronteriza, en las nueve divisiones territoriales donde opera se registró un incremento porcentual en detenciones que van del 130% al 910%. En el último año, el área que concentró la mayor parte de los intentos de internamiento corresponde a la franja entre Tamaulipas y Texas, conocida como Río Grande Valley, con más de 410 mil detenidos.
Si bien la mayor parte de los migrantes son adultos que se desplazan solos, existe una cantidad creciente de familias y de menores de edad no acompañados que migran. Esto, en parte, como resultado de los altos niveles de pobreza, inestabilidad política en la región, crisis social relacionada por el COVID-19 y los cambios en el discurso de la administración Biden con respecto a la migración.
La forma en la que Estados Unidos expulsa a los migrantes es al amparo de dos figuras jurídicas. Por un lado, el Título 8 que permite la deportación de personas que no cumplen con requisitos de elegibilidad para quedarse en el país; por otro lado, el Título 42 que le permite expulsarlos por razones de emergencia sanitaria.
Sobre el Título 42, la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos y miembros de la sociedad civil, reside en que es posible deportar a los migrantes sin revisar su situación jurídica o de asilo político. Por lo que al regresar a su país de origen, podrían correr riesgos en su integridad física y patrimonial.
Es preciso recordar que la migración está asociada también a la porosidad y al abandono de la frontera sur de México. Esta franja fronteriza tiene más de 1,200 kilómetros en los que se identifican diez puntos para la internación de peatones y vehículos, lo que se suma a las decenas de pasos irregulares, tanto terrestres como marítimos.
Este contexto se torna más complejo, debido a la presencia de actividades ilícitas como el tráfico de drogas. La región de Centroamérica, por su posición geopolítica, es una zona clave para las organizaciones criminales. Su importancia es equivalente a controlar los puertos de Lázaro Cárdenas o Manzanillo, o a controlar pasos fronterizos como Tijuana o Reynosa. Por ejemplo, en Guatemala, en los últimos meses existe una disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control territorial para el tránsito de enervantes y precursores químicos.
Desde octubre de 2018 y hasta la fecha, se han contabilizado al menos una decena de caravanas migrantes que partieron de Centroamérica con destino a Estados Unidos. Como respuesta, el gobierno mexicano desplegó elementos de la Guardia Nacional y del INM para el control de la situación. Tales medidas se han desdibujado al paso del tiempo, por lo que sin duda Estados Unidos ha establecido el tema como prioritario en la agenda bilateral. La migración dadas las actuales circunstancias, está lejos de ser contenida.