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Empresario mexicano denuncia corrupción y persecución ilegal de la Fiscalía de Panamá
Nación
Claudia Bolaños
En un inaudito caso, un inversionista de origen mexicano, quien desde hace años mantiene una batalla legal contra las autoridades de Panamá, sigue dando de qué hablar, pues a pesar de la llegada de un nuevo gobierno en este país centroamericano, las cosas no parecen cambiar.
El actual procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, solicitó a la fiscal Isis Soto información sobre el caso del empresario mexicano. En respuesta, el 12 de febrero de 2025, mediante un documento oficial, la fiscal afirmó que estaban “en espera de fecha para la audiencia de imputación”. Sin embargo, esta afirmación sería un engaño, ya que la audiencia se celebró el 29 de septiembre de 2022, y como resultado, el juez Carmelo Zambrano negó la imputación solicitada por el Ministerio Público.
El equipo de abogados del empresario denunció que la Fiscalía de Panamá sigue con su campaña de desprestigio e intimidación para mantener retenido el patrimonio de su cliente. Acusan a la institución de actuar con total abuso de poder, mintiendo incluso al propio procurador y protegiendo un acto de corrupción en el que estarían involucrados varios jueces y funcionarios panameños.
El empresario alzó la voz contra lo que describe como una persecución ilegal y sistemática en Panamá, que lo ha despojado de sus bienes y cuentas bancarias sin pruebas de delito alguno.
Afirmó tener una trayectoria limpia y transparente en el ámbito empresarial y sostiene que, desde octubre de 2019, ha sido víctima de un montaje judicial orquestado por fiscales panameños. Según su versión, las irregularidades en su caso incluyen la ocultación de pruebas clave, manipulación de información y el uso del sistema judicial como un instrumento de extorsión.
El empresario señala que las acusaciones en su contra han sido desmentidas por auditorías forenses independientes, las cuales confirmaron que no existe ninguna actividad ilícita en sus operaciones financieras. Sin embargo, a pesar de las evidencias a su favor, los fiscales han persistido en el caso sin fundamentos legales.
“Todas estas acusaciones falsas son una cortina de humo para ocultar el crimen real: el hurto de 18 millones de dólares de mis legítimos bienes. Existen auditorías contables que establecen la legitimidad de los fondos, pero la fiscalía ocultó el informe”, declaró.
Además, denuncia que sus vehículos fueron confiscados y utilizados por funcionarios panameños. Mencionó específicamente que Kayra Harding se paseaba en su Range Rover. También afirmó que fue retenido contra su voluntad en el aeropuerto durante 36 horas y que, incluso, le retiraron su visa de inversionista sin justificación.
Señaló como responsables directos a la fiscal Isis Soto, junto con Marcos Mosquera y Sandy Cedeño, a quienes acusa de corrupción flagrante. Además, menciona que detrás de la extorsión se encuentra el exvicepresidente Gabriel Carrizo, a quien exige que se investigue y enfrente las consecuencias legales.
A pesar de que la jueza Clara Montenegro ordenó en 2022 el levantamiento de las medidas cautelares en su contra, sus bienes continúan retenidos y la investigación sigue abierta, lo que refuerza sus acusaciones de manipulación judicial.
“Panamá no puede seguir tolerando que su sistema judicial sea usado como un arma de extorsión y persecución de inocentes. Exijo la devolución inmediata de mis bienes y la apertura de investigaciones contra los responsables de este abuso de poder”.
Dijo que su denuncia evidencia un posible entramado de corrupción en la Fiscalía panameña, dejando en el aire preguntas sobre cuántos otros empresarios han sido afectados por procesos judiciales irregulares en el país.
Ante la opacidad con la que actúa la Fiscalía panameña, el empresario mexicano exige al actual Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, su intervención para resolver de manera definitiva este caso, que, a todas luces, solo ha demostrado injusticia y violaciones de derechos durante años.
Foto por Cuarto Oscuro
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MM/CR
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