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Empresarios ligados al caso Segalmex pierden amparo contra 15 pruebas
Nación
Los empresarios René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz continuarán enfrentando un proceso penal relacionado con una operación de 800 millones de pesos de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana, luego de que perdieron un amparo con el que buscaban excluir 15 pruebas presentadas en su contra.
Ambos, accionistas de Corporación en Asesoría Financiera, conocida como Corafi, están vinculados a proceso desde diciembre de 2023 por el presunto delito de captación ilegal de recursos, aunque hasta el momento no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal.
La resolución judicial permitió que permanezcan dentro del expediente siete testimonios, siete documentos y un peritaje que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretenden utilizar durante el proceso.
La investigación está relacionada con operaciones realizadas entre febrero de 2019 y junio de 2020, periodo en el que, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía, se utilizaron recursos administrados por Segalmex y Liconsa para adquirir certificados bursátiles privados.
Según las autoridades, los recursos fueron transferidos a un fideicomiso en el que Corafi figuraba como fideicomitente y se ofrecía un rendimiento fijo anual de 11 por ciento, con pagos programados cada seis meses.
Entre los elementos que permanecerán en el expediente se encuentra una opinión elaborada por la Secretaría de Hacienda, en la que se concluyó que existen elementos para proceder por la presunta captación indirecta de recursos sin contar con la autorización correspondiente.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que la conservación de estas pruebas dentro del procedimiento no representa, por sí misma, una violación a los derechos fundamentales de los acusados.
La resolución permite que el proceso penal continúe con los elementos que la defensa buscaba eliminar, aunque los empresarios conservarán la posibilidad de controvertir las pruebas y ejercer los recursos legales correspondientes durante las siguientes etapas del procedimiento.
El fallo judicial no implica una declaración de culpabilidad, por lo que será durante el desarrollo del juicio cuando se determine la responsabilidad penal de los involucrados.
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RN/CR
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