En busca de la Soberanía Racional

Columnas jueves 01 de abril de 2021 -

Israel González Delgado

La historia política de México no puede entenderse sin acompañarla de la historia de sus reservas energéticas. En la era de la economía industrial y durante la guerra fría, la posición geográfica de nuestro país y su calidad de exportador petrolero le daban una calidad estratégica para los Estados Unidos que, para bien y para mal, no tenía ningún otro país de la región.

El mundo ha cambiado pero el imaginario colectivo del mexicano respecto del petróleo se mantiene incólume. Los extranjeros, los malos y los entreguistas, siempre quieren “nuestro petróleo”, aunque ya ni tengamos (o el que tenemos sea inaccesible sin fracking). Pero el tema sigue siendo importante. Los movimientos en los precios de combustibles (y en buena parte de los productos de la canasta básica) dependen de los precios internacionales del carburante; y tenemos una posición complicada en ese tema. Ya no somos una potencia exportadora, pero seguimos siendo productores, y una parte importante de los ingresos estatales y de PEMEX (componente esencial de la calificación de la deuda soberana) se benefician de que el barril suba de precio. Por otra parte, y como la gasolina la importamos y también es un elemento que impacta la inflación general, a la industria y al consumidor de gasolina, el alza le afecta.

Quizás sea por esta complicada relación entre el petróleo y la economía mexicana y la visión de una presidencia fuerte como garante de la capacidad estatal, que el presidente López Obrador ha puesto todas sus canicas en el intento de revertir el control energético y de los recursos naturales al gobierno, y dentro de este, al poder ejecutivo. El gran escándalo de la reforma a los hidrocarburos es porque concede al presidente la facultad de suspender permisos si considera que ponen en peligro la seguridad nacional, energética o económica del país.

Quienes dicen que es un preludio a la expropiación, están diciendo tonterías, porque la facultad expropiatoria ya la tiene el presidente, desde siempre, y no se utiliza por razones de prudencia política. Vicente Fox expropió 26 ingenios azucareros durante su sexenio, para rescatarlos de un manejo financiero desastroso, y poco después se los regresó a sus dueños, ya sin deudas. Y tampoco era necesario detallar lo de la seguridad energética ni económica; los presidentes de los Estados Unidos llevan años ejerciendo facultades discrecionales en todas las materias bajo el pretexto de que es materia de seguridad nacional (así puso Trump impuestos al aluminio canadiense, hagan ustedes el favor).

Creo que en este intento hay una nostalgia por lo que la nueva clase política considera la época de oro de la soberanía nacional, una caracterizada por el control monetario e industrial estatal, conocida como el milagro mexicano. Los críticos señalan que el modelo de AMLO es obsoleto y se parece al de Echeverría y López Portillo. Tienen razón, salvo en el hecho de que estos personajes constituyen el declive de dicho modelo, que fue exitoso durante más de treinta años previos. Con lo anterior no quiero decir que ese éxito pueda volver (es otro mundo) pero creer que la intervención estatal en la economía está mejor representada por la expropicación bancaria de Jolopo que por el crecimiento económico de López Mateos, es hacer una interpretación abusiva y selectiva de la historia.

Siguiendo con el argumento, antes la preponderancia estratégica del Estado en la economía se basaba en el control monetario, financiero y comercial. El presiente podía imprimir la cantidad de billetes que quisiera, fijar un control de cambios arbitrario y establecer los aranceles que quisiera, a lo que quisiera (esta última facultad aún la tiene, por cierto, pero no la usa). El sistema monetario internacional mostró a los presidentes de los setenta lo ridículo de ejercer facultades que contravienen fuerzas económicas supranacionales (y se lo acaban de recordar a Erdogan, la semana pasada) y por ello lo que le resta a los gobiernos es tratar de reivindicar su poder en el ámbito energético, ambiental y, a partir del año pasado, sanitario. Se trata de que el gobierno pueda decidir sobre algo, lo que sea, que importe, y las elecciones no sean un mero cambio de gestor de negocios de actores económicos cuyos intereses están blindados transexenalmente. A ver qué resulta.