Espionaje “oficial” en México: la laxitud de Telcel, puerta abierta al autoritarismo

Recientemente, el influyente periódico estadounidense The New York Times denunció que la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, solicitó los registros telefónicos de destacados políticos y funcionarios, con el asentimiento de la compañía Radiomóvil Dipsa, SA de CV, coloquialmente conocida como Telcel,propiedad de Carlos Slim. Esta revelación pone en tela de juicio la imparcialidad y la legalidad de las instituciones de justicia mexicanas. La denuncia del NYT no es solo una cuestión de privacidad vulnerada, sino un reflejo de posibles prácticas autoritarias en las estructuras de poder mexicanas.

Según el artículo 177 del Código Penal Federal y el artículo 16 de la Constitución de México, la privacidad de las comunicaciones es un derecho fundamental, pero la presunta acción de la Fiscalía contradice estos principios legales. La Declaración Universal de Derechos Humanos respalda este derecho a la privacidad, lo que eleva la gravedad de las acusaciones a un nivel internacional. Aunque la ley permite ciertas excepciones, como en casos de secuestro, la falta de una orden judicial en este caso sugiere un uso indebido de tales excepciones. La compañía Telcel negó haber recibido órdenes judiciales para entregar estos registros, lo que añade más sospechas sobre la legalidad de las acciones de la Fiscalía.

La Fiscal Ernestina Godoy rechazó las acusaciones, calificando los documentos del NYT como falsos y anunciando una investigación sobre su autenticidad. La investigación sobre la presunta falsificación de documentos podría tener implicaciones significativas para el diario y la credibilidad de la Fiscalía. Este conflicto entre el periódico estadounidense y la Fiscalía pone en duda la credibilidad de ambas partes, creando un clima de desconfianza. El uso de espionaje en la política es de hecho una grave amenaza para la democracia y la ética gubernamental, como lo ha sido el uso intensivo gubernamental de Pegasus, el software espía israelí, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador prometió falazmente dejar de utilizarlo.

Si se confirman las acusaciones, estaríamos ante un caso de abuso de poder, donde la supuesta vigilancia paracombatir la delincuencia, se ha convertido, desde el poder, en una herramienta de manipulación política. Este caso plantea cuestiones éticas sobre la vigilancia en la era digital y los límites de la intervención gubernamental. Nuestra democracia realmente está en riesgo, y este caso resalta la importancia de la transparencia en las instituciones gubernamentales y sus métodos de operación. El espionaje ilegal a políticos y funcionarios puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas.

Entre los personajes políticos afectados por esta vigilancia no regulada –por decir lo menos–, se encuentran figuras destacadas de diversos espectros políticos. Según los informes, entre otros la lista incluye a Santiago Taboada Cortina, alcalde de la delegación Benito Juárez y prominente panista que aspira a relevar a Claudia Sheinbaum en la CDMX, así como a Higinio Martínez Miranda, senador del partido Morena. También se menciona a la senadora Lilly Téllez, y a Alessandra Rojo de la Vega, exlegisladora y crítica de la administración actual. Estos nombres no solo representan una amplia gama de ideologías políticas, sino que también subrayan la aparente indiferencia de los responsables del espionaje hacia la afiliación política de sus objetivos, lo que sugiere un patrón de abuso de poder, más preocupante y sistemático.

A quienes aún lo duden –o defiendan como autómatas el turbio accionar de la Fiscalía metropolitana–, hay que decirles que los mexicanos tenemos derecho a estar informados sobre las acciones del gobierno, especialmente cuando estas podrían violar derechos fundamentales. Por ello es crucial realizar investigaciones imparciales para esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades. De confirmarse las acusaciones, las consecuencias legales para los implicados serían significativas. Este caso es un recordatorio de que la lucha por la privacidad y contra el espionaje ilegal es una batalla constante. La confianza del público en las instituciones es esencial para una sociedad democrática y está en riesgo en situaciones como esta. Debe encontrarse un equilibrio entre seguridad y respeto a la privacidad individual.

También subraya la necesidad de mantener altos estándares éticos en el gobierno; la vigilancia gubernamental debe respetar los derechos humanos y estar sujeta a controles estrictos. Las empresas de telecomunicaciones como Telcel, deben proteger los datos de sus usuarios y resistir solicitudes ilegales. En un mundo de información y desinformación, discernir la verdad es crucial y más allá de lo endeble y poco creíble que ha sido el desmentido de la Fiscalía y la condena de sus funcionarios contra la probidad del The New York Times, lo cierto es que este escándalo no sólo debe ser un llamado a la acción para las autoridades y las instituciones implicadas, sino también un catalizador para reformas legales y políticas profundas.

El caso expuesto por el diario estadounidense es un recordatorio de la importancia de protegernos contra la manipulación y el abuso de poder gubernamental. En este caso, discernir la verdad es esencial, incluso más allá de satanizar al propio medio, porque se trata de una cuestión de integridad nacional y respeto a los derechos fundamentales. La laxitud mostrada en este aspecto y la aparente facilidad con la que Telcel entregó los informes, y la falta de supervisión judicial adecuada, son una puerta abierta al autoritarismo. Debemos tener muy presente que el caso expuesto por el NYT no es sólo un recordatorio de la importancia de proteger la privacidad y la justicia; es una alarma estridente sobre los peligros de un estado de vigilancia no regulado. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en una sociedad que valora la libertad y el estado de derecho.

No podemos –bajo ninguna circunstancia–, permitir que nuestra privacidad sea vulnerada sin una orden judicial perfectamente fundamentada y justificada. La indiferencia o la inacción ante tales violaciones no solo socava los derechos individuales, sino que también amenaza el tejido mismo de nuestra democracia. Permanecer apáticos o indiferentes ante estos reprobables actos –en un momento crítico para México, en el que la sociedad debe levantar la voz, no solo en la salvaguarda de su privacidad, sino en defensa de su libertad y su democracia–, no es una opción, sino una grave e imperdonable complicidad.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM