Desde el pasado 21 de julio está en consulta pública la propuesta de lineamientos para la determinación del Defensor de Audiencia, contemplada dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones del 2014, la cual ha generado suspicacias y la sensación de que se pretende establecer una ley mordaza.
La suspicacia no se genera espontáneamente; surge en el contexto durante los últimos meses en los que hemos observado una confrontación clara y directa entre la primera mandataria Claudia Sheinbaum y Ricardo SalinasPliego, propietario de los medios de comunicación de TV Azteca. Esto llegó al grado de que la Presidenta promovió con la llegada de María Luisa Alcalde, un premio al mitómano de la semana con una clara dedicatoria ¿o no?
Ahora se presentan los lineamientos para el defensor de audiencia, los que contienen un cambio que resulta esencial, pues al parecer tienen un objetivo claro: permitir que las autoridades intervengan de forma directa si una persona considera que su reclamo no fue resuelto por el defensor de audiencias de la empresa. Ésto da entrada directa a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para su intervención, hecho que podría buscar intimidar a los medios al abrir la puerta para que las autoridades puedan sancionarles con mayor facilidad.
Aunque yo creo que sería más fácil establecer: si no te gusta lo que ves, cámbiale de canal y encuentra lo que te gusta, respetando la libertad de expresión de cada medio privado y su programación.
Sin embargo, bajo los preceptos de honestidad que enarbola la actual administración y siguiendo los ejemplos de otros países, donde el Defensor de Audiencia únicamente aplica para los medios públicos y no para los privados, sería muy importante que la Presidenta determine quién va a ser el defensor de audiencias de la mañanera del pueblo y por favor, que no sea alguien que haya asumido públicamente una posición como defensor de la narrativa oficialista, porque eso podría cuestionar la imparcialidad del cargo y que quede claro: no es nada personal.
Seamos claros y, de una manera estricta; aunque la mañanera no es un medio de comunicación público; amanecemos con este programa que virtualmente se presenta todos los días de la semana en medios públicos y privados, utilizando recursos públicos que pagan los contribuyentes cautivos para su desarrollo, generando contenidos informativos y opiniones sobre lo que sucede en el país desde una narrativa de que todo está bien y que vamos estar mejor, como lo hemos visto en numerosas ocasiones; o, mejor dicho, como lo vimos el día de ayer, seguramente lo veremos el día de hoy y mañana también.
Muchas de esas opiniones, para quienes observamos el programa, resultan ajenas de la realidad que vivimos millones de mexicanos y generan cuestionamientos sobre la veracidad de la información presentada. Sin embargo, no tenemos un espacio al cual acudir para presentar una queja o solicitar el derecho de réplica, para requerir que muestren los datos de lo que están afirmando es cierto o permitan responder a una imputación directa.
Creo que es momento de exigir una simetría jurídica y que se dé constancia dentro de la consulta que sí existe una sociedad que exige límites claros al poder y un verdadero contrapeso. Si los medios privados van a tener a un Defensor de Audiencia para aquellas personas que se sientan inconformes con lo que se dice en esos medios, que puedan ejercer su derecho de aclaración o réplica, ¿por qué no hacerlo también en los medios públicos y, principalmente, en La Mañanera?
Derivado a que este espacio se ha utilizado como un púlpito permanente para intervenir en el desarrollo de la vida diaria de los mexicanos, incidiendo de forma clara en la percepción de lo que sucede en México, planteando una agenda pública y creando una fractura social de gran escala, donde quienes no opinan de la misma forma que el Gobierno, son colocados como adversarios a vencer, olvidándose que somos una sola nación y que el Gobierno sirve a todos y no sólo a los que piensan como ellos.
En semanas recientes, en relación a lo sucedido con Natalia Torres, la presidenta utilizó el espacio para condenar una opinión y, ante el cuestionamiento de que se está utilizando la tribuna presidencial de forma desproporcional por un periodista, la doctora Claudia Sheinbaum estableció que era un espacio público, que no se trataba de una persecución contra un civil, sino de un debate. Por cierto, la contraparte no estaba presente para poder debatir su postura, lo cual, al contar con el Defensor de Audiencias, podría permitirle a cualquier comentarista ejercer su derecho de réplica.
Es por eso que es importante participar en la consulta y hacer que nuestra voz sea escuchada. Porque hoy hablamos del defensor de audiencias y de la capacidad de un órgano del Estado para sancionar; pero mañana podría estar en juego algo mucho más amplio: la libertad de expresión.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC