Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, por el delito de desaparición forzada, tras considerar suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La audiencia inicial se prolongó casi 14 horas, en las que el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa expuso que el exfuncionario habría ordenado ocultar videograbaciones clave de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, donde el autobús Estrella de Oro 1531 fue detenido por policías municipales y estatales la noche del 26 de septiembre de 2014.
La FGR sostuvo que la instrucción de desaparecer las grabaciones fue emitida de manera directa y deliberada por el entonces mandatario, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Testimonios recientes confirmaron que las videograbaciones sí existieron y fueron entregadas a Ángel “N”, pese a que durante años se afirmó oficialmente que no se habían registrado por fallas técnicas.
La defensa intentó desacreditar los señalamientos, argumentando que el exgobernador no se encontraba en Guerrero en la fecha de los hechos, pero el juez determinó que las pruebas eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso. Como medida cautelar, se ordenó prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO Número 1 “Altiplano” y se concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
La FGR subrayó que el ocultamiento de las videograbaciones no fue un error técnico, sino una acción organizada desde la estructura del Poder Ejecutivo estatal, lo que refuerza la hipótesis de encubrimiento institucional en el caso Ayotzinapa.