Especialistas en derechos humanos y género alertaron que las alertas de violencia de género (AVG), creadas para prevenir feminicidios, atraviesan un “retroceso histórico” en su aplicación y requieren una revisión profunda para mejorar su eficacia. El señalamiento se realizó durante un foro organizado en la Cámara de Diputados, donde se destacó que las fallas no radican en el diseño de la herramienta, sino en su implementación.
La abogada y constitucionalista Leticia Bonifaz Alfonzo señaló que uno de los principales problemas es la tardanza en la aplicación de las AVG, que en ocasiones supera un año desde su declaración. Además, criticó la uniformidad de las medidas, que no consideran las particularidades de cada municipio o estado. Subrayó que es necesario definir con mayor precisión quiénes son las víctimas de la violencia feminicida para diseñar acciones específicas y evitar soluciones genéricas.
Bonifaz enfatizó que las alertas no pueden sustituir las responsabilidades de las fiscalías y ministerios públicos en la investigación de delitos contra mujeres y niñas. Añadió que, además de recursos económicos suficientes, se requiere voluntad política y diálogo constante con organizaciones civiles que acompañan a las víctimas.
Por su parte, la investigadora Rita Canto recordó que tras su primera declaración en 2015 en 11 municipios del Estado de México, las AVG tuvieron un impulso relevante, pero desde 2024 enfrentan un retroceso sin precedentes. Explicó que el aumento de la violencia derivada del crimen organizado y la militarización de la seguridad pública ha complicado su efectividad.
Canto consideró indispensable mejorar el diagnóstico de riesgo en los territorios donde se aplican las alertas, con metodologías que permitan responder a preguntas clave sobre quién, cómo, dónde y por qué ocurren los feminicidios. Solo así, dijo, se podrán consolidar mecanismos de asistencia efectiva para mujeres y niñas en situación de peligro.