Extinción de dominio, las dos caras de la moneda de una controvertida legislación

Columnas miércoles 26 de octubre de 2022 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

No cabe duda que la Ley de extinción de dominio –cuyo principal efecto es la pérdida de los derechos que tiene una persona sobre sus bienes si se acredita que son producto de actividades ilícitas–, ha sido un mecanismo jurídico muy cuestionado desde su creación hace 14 años y más, desde que el 9 de agosto de 2019 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Al año siguiente se realizaron cambios sobre la legislación a través de un decreto que se publicó el 22 de enero de 2022 que penaliza la comisión de centenares de delitos, incluidos los que tienen que ver con temas de evasión fiscal, encubrimiento e ilícitos cometidos por servidores públicos.

Si nos atenemos a las palabras del notario Ignacio Morales Lechuga –exprocurador general de la República y de la CDMX, embajador de México en Francia y exrector y catedrático de la Escuela Libre de Derecho–, la legislación aprobada en el 2019 actuaba por igual contra delincuentes y ciudadanos, aunque estos últimos fueran ajenos a los hechos ilícitos.

De antemano, quiero comentar que además de los cuestionamientos que esta nueva ley generó en diversos sectores de la población, ha suscitado igualmente fundadas inquietudes, en relación al destino final de los bienes incautados. Juristas y legisladores han coincidido en la necesidad de establecer nuevos criterios de transparencia en los inventarios de bienes incautados al crimen organizado, así como en el destino de los ingresos generados por la venta de dichas propiedades.

Y hoy me refiero a este tema, porque el pasado fin de semana las autoridades de la Ciudad de México informaron que, a través de juicios de extinción de dominio, le fueron confiscados a la delincuencia organizada más de 100 inmuebles, de los cuales 65 se destinarán a la construcción de vivienda de interés social, centros de atención para adultos mayores, Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), Unidades de Salud y Módulos de Seguridad Pública.

Con esta decisión, por ejemplo, el viejo edificio de 4 pisos que albergaba el Hotel Marina, ubicado en la calle Francisco González Bocanegra y Peralvillo, en la zona de Tepito, fue enajenado a título gratuito por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para convertirse en un nuevo cuartel de la Guardia Nacional.

Para algunos, la decisión del gobierno capitalino –en el sentido de darle uso social a las propiedades que no tienen una procedencia legal–, resulta acertada. Sin embargo, en los juicios de extinción de dominio, han existido infinidad de quejas por el abuso de las facultades de los juzgadores, sobre todo en aquellos casos en los que un inmueble rentado fue utilizado para cometer ilícitos, por lo que se requiere de una supervisión judicial más eficaz.

No obstante, en ese sentido estimo que es importante mencionar que las personas que rentan un inmueble, deben asegurarse que el pago se realizará con recursos lícitos, por lo que deben solicitar comprobantes de ingresos, para que el arrendador no se considerado como cómplice y se justifique el motivo de extinción de dominio. Considero que la extinción de dominio no debe verse únicamente como una herramienta para desarticular al crimen organizado, sino para darle una utilidad social y pública a esos bienes, en beneficio de la sociedad civil.

Durante el Seminario La plasticidad de la violencia, organizado el año pasado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS), Arturo Díaz Cruz, becario posdoctoral, subrayó que la figura de extinción de dominio, no está libre de controversia y que uno de los principales problemas a los que se enfrenta tiene que ver con el poder que esta ley otorga al Estado para afectar o suprimir los derechos de propiedad.

Así también, resulta preocupante lo que está haciendo el gobierno con los recursos de los bienes confiscados a los delincuentes y que ha subastado el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), pues es necesario que se trasparente el uso de esos recursos. Además, este organismo ha sido cuestionado por lo oneroso que resulta su mantenimiento. Un reporte del diario Eje Central señala que gasta en su operación 100 veces más de lo que devuelve al pueblo. En 2020 tuvo un presupuesto de mil 400 millones de pesos y sólo logró ingresos de 48 millones de pesos a las arcas, ni siquiera el 5 por ciento de lo que costo mantenerlo en operación. Este año registró un incremento en su presupuesto de más de 23 por ciento, le asignaron mil 597 millones de pesos.

Y como si esto fuera poco, el columnista Mario Maldonado de El Universal aseguró que “dentro y fuera de ese instituto se reportan favoritismos en la contratación de los servicios para valuación de bienes muebles, los cuales representarán para este organismo administrador de bienes recuperados una inversión de alrededor de 70 millones de pesos de aquí hasta que concluya el sexenio en 2024”.

Incluso –en la carta de renuncia de Jaime Cárdenas como segundo titular del Indep–, éste denunció contratos favorables a empresas, falta de liquidez, desconocimiento del origen de los recursos y presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la manipulación de la joyería. Por ejemplo, en el primer semestre de 2022 el Indep tenía 22 mil 687 artículos para subastar y solo logró vender 3 mil 962; 74 fueron dados de baja y 18 mil 620 subastas se declararon desiertas. El gobierno obtuvo 421 millones 483 mil 822 pesos, es decir, 109 millones 580 mil 61 pesos menos que lo que había contemplado.

De ahí que lo más acertado sea no sólo estar al pendiente de la correcta aplicación de una ley que muchos estiman draconiana –por los severo de sus alcances–, sino que el producto de las confiscaciones y aseguramientos se emplee realmente en beneficio de la sociedad y no de grupos o camarillas de funcionarios privilegiados y deshonestos. Faltaba más.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM